Cataluña da luz verde a la nueva regulación sobre los pisos turísticos. El Pleno del Parlament ha validado el Decreto ley de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico, que aprobó el Gobierno regional a principios de noviembre, tras recibir los votos a favor de PSC-Units, ERC, CUP y ECP y 51 en contra (JxCat, Vox, Cs, PPC y un diputado no adscrito). A petición de varios grupos parlamentarios, el decreto se tramitará como proyecto de ley. Gracias a ello, la normativa podrá sufrir modificaciones vía enmiendas.
El texto, que ahora empezará la tramitación en ponencia y comisión para que se vote definitivamente en el primer trimestre de 2024, establece que las nuevas licencias tengan una duración de cinco años, prorrogables siempre que el planeamiento urbanístico lo permita, y establece un régimen transitorio de cinco años para que los propietarios de las viviendas turísticas ya existentes puedan actualizar su situación y conservar su licencia actual.
Tras unas negociaciones intensas, el PSC y ERC han alcanzado un acuerdo para modificar algunos puntos sustanciales respecto a la versión inicial, y que ha sido clave para que el PSC haya votado a favor en el Pleno del Parlament, ya que consideraba que la regulación era demasiado invasiva con los ayuntamientos.
Entre los cambios se encuentra la reducción del número de municipios afectados por el régimen de licencia previa para pisos turísticos, que será obligatoria en 140 localidades consideradas como tensionadas, frente a las 262 que estipulaba el texto de noviembre.
También se eliminará el tope establecido por el Govern sobre un máximo de 10 viviendas turísticas por cada 100.000 habitantes. El pacto entre PSC y ERC permitirá a los ayuntamientos decidir el número máximo de viviendas de uso turístico en función de su modelo turístico.
Además, establece las nuevas licencias tengan una duración de cinco años, prorrogables de forma automática «siempre que el planeamiento urbanístico lo permita», mientras que en la versión inicial del texto establecía renovaciones cada cinco años.
Otro punto que han acordado es estudiar la posibilidad de presentar una enmienda para establecer un recargo en la tasa turística en este tipo de viviendas para que lo recauden las Administraciones Locales. Según publica la agencia Europa Press, la propuesta de PSC-Units pasa por establecer unas tasas para las viviendas de uso turístico de 2,25 euros en Barcelona ciudad y de 1,20 euros en el resto de la comunidad.
Un perjuicio para el turismo y Cataluña
La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) ve insuficientes los cambios aplicados al nuevo Decreto-ley aprobado en el Parlamento de Cataluña para regular el sector de las viviendas de uso turístico (HUT) y alerta de que «deja muy tocado a todo un sector económico». Aunque la patronal se felicita por haber conseguido eliminar el tope de HUT en función de la población que preveía la regulación, sigue mostrando su preocupación por la inseguridad jurídica en que ésta deja al sector.
Para David Riba, presidente de Federatur, la clave estará en ver cómo queda el redactado final del Decreto-ley, que se conocerá en un periodo máximo de 3 meses. Sin embargo, la patronal se queda hoy con la sensación de que «el Decreto aprobado perjudica gravemente al turismo y a Cataluña».
Según Riba, «a pesar de las enmiendas aprobadas, la nueva regulación mantiene la indefensión del sector y deja el futuro de miles de empresas y más de 25.000 puestos de trabajo en el aire«. La patronal se lamenta de que, tal y como se ha aprobado la nueva regulación, hace extensible la extinción también a miles de negocios que dependen del turismo, como la restauración o el comercio, y poner en riesgo la posición de Cataluña en el panorama internacional.
El sector, además, recuerda que se ha demostrado que apuntar a las viviendas de uso turístico como responsable del problema del acceso a la vivienda es un falso mantra que no se sustenta con ningún dato. La propia Generalitat, a través de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), defendía que el Decreto cargaba contra el sector de manera indiscriminada porque su aplicación no tendrá efectos positivos notables en el mercado de alquiler.
«El Decreto carga contra un sector y una problemática ante la que no tenemos una incidencia real», insiste el máximo responsable de Federatur.
Según los cálculos de la patronal, las viviendas de uso turístico representan un porcentaje tan pequeño respecto al total de viviendas que su cierre no tendrá ningún impacto positivo, sino al contrario. «Allí donde había un problema de acceso a la vivienda ahora se añade otro de caída de la actividad económica», afirma Riba, que lamenta que estemos «ante una regulación turismofóbica».
Cataluña cuenta con un total de 95.688 viviendas de uso turístico, lo que representa apenas un 2,56% del parque total de viviendas de la región, «una proporción tan baja que en ningún caso puede tener incidencia en la falta de vivienda», insiste el presidente de Federatur. Y pone como ejemplo el caso de Barcelona, donde las licencias para nuevas viviendas turísticas están congeladas desde 2014, mientras que el precio de la vivienda ha seguido subiendo.
Federatur deja clara su voluntad de regular el sector y se pone a disposición del Gobierno y de todas las Administraciones para aportar la visión de un sector económico crucial para el país y para su competitividad, pero pide «que impere el sentido común y la seguridad jurídica».
De forma paralela, Federatur asegura que la vía del Tribunal Constitucional se convierte en el camino para defender los intereses del sector. «Los servicios jurídicos de Federatur trabajan desde este mismo momento para impulsar las acciones legales que sean necesarias para revertir experimentos y ocurrencias que no son en beneficio de nadie», confirma su presidente.
Desde APARTUR, la patronal de pisos turísticos de Barcelona, el nuevo Decreto-ley se recibe con inquietud, tras las declaraciones del alcalde Jaume Collboni que apuestan por reducir significativamente los pisos turísticos en la ciudad.
Enrique Alcántara, presidente de APARTUR, cree que «habrá que esperar al redactado final del Decreto y ver cómo éste se traslada en un PEUAT que garantice la permanencia del sector». «Las sensaciones no son buenas para el sector en Barcelona» afirma Alcántara, quien asegura que ahora mismo y de cumplirse los presagios «Barcelona se está borrando del mapa internacional«.
APARTUR insiste en la necesidad de sentarse con el gobierno municipal, «lo que hasta ahora no ha sido posible», para sentar las bases de una regulación que no acabe con un sector económico que aloja cada año a unos 2,5 millones de turistas.
Un decreto ideológico y sin cabida jurídica
Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña han advertido de que los principios del decreto anunciado por la Generalitat para regular los pisos turísticos tienen «un carácter ideológico y no tienen cabida en la realidad económica y jurídica del país». También avisan de que «no hay ninguna garantía de que las viviendas que dejen de destinarse a uso turístico pasen al alquiler de larga duración».
Los profesionales inmobiliarios, de hecho, aseveran que lo más probable es que la mayoría de los propietarios opten por poner sus viviendas a la venta, dejando fuera del mercado esa parte de la demanda que hoy no cuenta con capital suficiente para comprar y sólo puede acceder al mercado mediante el alquiler.
El despacho de abogados Círculo Legal se suma a las críticas y tacha la regulación de intervencionista. “Este decreto ley, como casi toda la normativa actual, busca regular el mercado inmobiliario y evitar los efectos negativos que ha provocado la Ley de Vivienda, sobreregulando los otros destinos que pueden tener los inmuebles; por todo esto nos encontramos nuevamente que los poderes públicos buscan intervenir en vez de facilitar soluciones para que haya un mejor acceso a la vivienda para todo el mundo”, concluye Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona.