El acuerdo programático para formar un nuevo Gobierno de coalición progresista consta de 230 medidas que PSOE y Sumar quieren llevar a cabo durante la legislatura.
En este marco plantean revisar los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de «readaptarlos y mantenerlos» una vez que expire su periodo de aplicación actual, así como fijar un tipo del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable (en lugar de sobre la base imponible como hasta ahora) para recaudar 10.000 millones adicionales.
«Lo que vamos a hacer es que las grandes empresas pagarán un Impuesto de Sociedades al 15% pero sobre el resultado contable, es decir, sobre los beneficios reales que perciben y no sobre los que nos dicen que perciben, y esto es antes de los ejercicios de ingeniería fiscal», ha señalado la líder de Sumar y vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, durante la presentación del acuerdo en el Museo Reina Sofía de Madrid.
Dando continuidad a las primeras medidas desplegadas en la anterior legislatura y a los trabajos de la Comisión de Personas Expertas, PSOE y Sumar se proponen lanzar una reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea (46% del PIB) al final de la legislatura.
«Dicha reforma estará orientada a lograr que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias», se asegura en el acuerdo.
Según ha argumentado Díaz, en España un pequeño autónomo o una pequeña empresaria tributa el 17,5%, mientras que una gran multinacional lo hace al 3,8%. «Y esto no es justo, se tiene que acabar», ha remarcado. Por ello, se ha planteado esta medida sobre el impuesto de sociedades que pretende recaudar, cuando esté totalmente implementada, 10.000 millones de euros.
Revisión de los impuestos a la banca, energéticas y grandes fortunas para mantenerlos más tiempo
Además, la titular de Trabajo ha asegurado que se va a reforzar también el impuesto a la banca y a las energéticas. «Seguimos en una situación excepcional y no podemos permitir perder estos ingresos», ha señalado.
En el acuerdo se fija la revisión de los gravámenes con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar.
También se evaluarán los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios.
Objetivo de alcanzar el 20% del parque público residencial y mantener las medidas de la Ley de Vivienda
Entre el paquete de medidas en materia de vivienda, el acuerdo trata de reforzar lo ya pactado con la Ley de Vivienda, que entró en marcha el pasado mes de mayo, justo antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Entre ellas, blindar el uso público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos de forma permanente e irreversible, mantener la contención de los precios de los alquileres, tanto con los controles de precios como de los incentivos fiscales.
Además, quieren avanzar en un Índice de precios de referencia, que ya contemplaba la norma estatal, que permita identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres. Este ha sido un de los puntos de conflicto con Cataluña, para poner en marcha el área de zonas tensionadas en la comunidad autónoma.
Destaca la apuesta firme por aumentar el parque público de viviendas hasta el 20%, actualmente una quimera, dado que el parque actual se encuentra en un exiguo 2% del total de 25 millones de viviendas en España.
Los mecanismos para conseguirlo pasan por la compra o alquiler de viviendas existentes, con viviendas de nueva construcción y movilizando inmuebles vacíos, incluidos los de Sareb. El presidente Pedro Sánchez ya se comprometió antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo a desarrollar más de 180.000 viviendas destinadas al alquiler social o asequible.
Sí se han puesto como deberes, revisar la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas, y ampliar hasta los 37.800 euros de renta media el umbral para acceder a las medidas de apoyo a los afectados por la subida de tipos de interés de las hipotecas, con una ampliación de crédito hasta 7 años y congelación de la cuota durante 1 año.
Díaz ha resaltado que tiene como objetivo «que las ciudades sean lo que tienen que ser, lugares para vivir y no lugares para especular».
Doblar los beneficiarios del bono social
El acuerdo para reeditar el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar incluye la promesa de duplicar los beneficiarios del bono social eléctrico de 1,5 a 3 millones de personas, así como la creación de un nuevo regulador energético que se llamaría Comisión Nacional de Energía.
En este contexto, han prometido revisar y desplegar la estrategia contra la pobreza energética, reforzando para ello los instrumentos de protección a los consumidores vulnerables. En el marco de esta estrategia, los agentes competentes en materia de servicios sociales y consumo, en colaboración con las entidades sociales, llevarían a cabo «los planes necesarios con el objetivo de, al menos, duplicar el número de hogares acogidos al bono social eléctrico».
El acuerdo de coalición también pone en el punto de mira la transición energética, de manera que los dos partidos se han comprometido a revisar los compromisos climáticos marcados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para aumentar su ambición.
De este modo, España realizaría la contribución que le corresponda para cumplir con el objetivo de un 55% de reducción de emisiones en 2030 y alcanzar en dicha fecha el 48% de energía renovable sobre el uso final de la energía, un 81% de energía renovable en la generación de electricidad y presentar emisiones netas nulas en 2050.
Reducción de la jornada a 37,5 horas, despido y subida del SMI
El acuerdo contempla la reducción, en dos fases, de la jornada laboral a 37,5 horas semanales; una nueva regulación del despido que se ajuste a la legislación europea, reforzando las causas del mismo; y la continuidad de la senda alcista del salario mínimo interprofesional (SMI), de forma que en el Estatuto de los Trabajadores quede reflejado que debe acompasarse al 60% del salario medio.
La jornada máxima legal se reducirá hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, de manera progresiva: bajará hasta los 38,5 horas semanales en 2024 y hasta las 37,5 en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los agentes sociales que evalúe los resultados de esta medida y siga avanzando en la disminución de la jornada legal «teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas». Para Díaz, ésta será la legislatura «de ganar tiempo para la vida».
En lo que respecta al SMI, garantizan que seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, estableciéndose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará «acompasado al 60% del salario medio. Tenemos que seguir subiendo los salarios y también el SMI. La mediana salarial está en 1.545 euros y con eso no se puede vivir. Los salarios tienen que seguir ganando peso frente a los beneficios empresariales», ha subrayado Díaz.
Impulsar las energías renovables
En esta línea, los dos partidos quieren impulsar las energías renovables mediante la simplificación y agilización de los trámites preservando la protección e integración ambiental, patrimonial, social y territorial y promover las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo.
En materia de energía renovable, los socios quieren trasladar el beneficio de las energías renovables a los consumidores, abaratando la factura eléctrica para hogares y empresas, con una mayor equidad y seguridad de suministro, al tiempo que se proporcionan las señales adecuadas para atraer inversiones.
En las subastas futuras, PSOE y Sumar quieren reservar una cuota específica para instalaciones renovables de pequeño tamaño, las promovidas por entidades locales, ciudadanas y/o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad, y se tendrán en cuenta criterios de sostenibilidad e impacto de la cadena de valor.
Sobre el autoconsumo, el posible futuro Gobierno quiere hacer una «prioridad» potenciándolo con políticas públicas específicas para lograr el objetivo de 19 gigavatios (GW) instalados en 2030. PSOE y Sumar han señalado que para alcanzar este hito modificarían «todas las barreras existentes para que el autoconsumo compartido y las comunidades energéticas puedan desarrollarse».
Mejorar incentivos por hijo y por dependencia y cuidados en el IRPF
Desde las formaciones que encabezan Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se asegura que se pretende lanzar una reforma fiscal «orientada a las familias y coordinada con la política de gasto social», por lo que se plantea una mejora de los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto.
También quieren impulsar una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes, aumentando los incentivos para impulsar su apuesta por la transición ecológica y digital.