La Comunidad de Madrid se prepara para hacer frente a la Ley de Vivienda. Una normativa que lleva un año en tramitación parlamentaria, que ha provocado divisiones en el seno del Gobierno de coalición y que incluye medidas como el tope a los alquileres en zonas de precios tensionadas.
Según ha afirmado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita a las obras de una promoción de viviendas del Plan Vive, ubicada en San Sebastián de los Reyes, el texto es «un ataque frontal e inaceptable contra la libertad, la propiedad, que es un derecho constitucional, y la inversión», invade competencias autonómicas y, encima, va a encarecer la vivienda».
Por eso, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha adelantado que tomará todas las medidas legales a su alcance para proteger las competencias de la región. Y una de ellas sería llevar la normativa ante el Tribunal Constitucional, al igual que ha hecho para intentar bloquear medidas impulsadas por el Gobierno Central, como la puesta en marcha del impuesto sobre las grandes fortunas.
«Para que no queda ninguna duda, les anuncio que si finalmente se apruebala Comunidad de Madrid va a tomar todas las medidas que ofrece el ordenamiento jurídico para proteger la región y sus competencias de estas injerencias y sobre todo del perjuicio y el asalto constitucional que suponen. Porque trabajamos para ofrecer certidumbre, para apoyar la actividad inmobiliaria y la recuperación económica, para defender a las víctimas de la ocupación, y para ofrecer más y mejores oportunidades para acceder a una vivienda.», ha afirmado con contundencia la presidenta regional.
Según Ayuso, «la vivienda es una prioridad para el Gobierno de la Comunidad de Madrid», ya que es la «base para desarrollar nuestros proyectos de vida», y la Ley de Vivienda que se está tramitando actualmente en Las Cortes va a provocar un «un daño inmenso» al mercado del alquiller.
«Está demostrado que “cada vez que se intervienen los mercados y se topan los precios, lo único que sucede es que descienda la demanda y aumentan los precios”, ha señalado.
Ayuso ha pedido al Ejecutivo que deje de ser un «foco de incertidumbre y de confusión jurídica y económica» y ha criticado que el texto está «elaborada como todas sin consenso y sin preguntar a los agentes implicados».
La Ley de Vivienda sigue encallada
La Ley de Vivienda ha uno de los principales puntos de fricción entre PSOE y Unidas Podemos a lo largo de la Legislatura. Una situación que, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estaría solventada «prácticamente» con un acuerdo entre los socios de Gobierno que estaría «pendiente de unos flecos». Entre los puntos consensuados estaría elevar desde el 2% al 3% el límite a los alquileres, pero solo de manera temporal, hasta que se defina un nuevo índice.
Sin embargo, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha negado posteriormente que exista un acuerdo inminente con el PSOE para aprobar la Ley de Vivienda.
«Por desgracia hoy no estamos más cerca que ayer de un acuerdo», ha lanzado Belarra en Twitter para incidir en que esta normativa es «urgente» para el país, pero sobre todo es esencial que «incluya una regulación de alquileres efectiva y contribuya a ampliar el parque público de vivienda».
El Plan Vive, el proyecto más ambicioso en obra pública
El Plan Vive de la Comunidad de Madrid es un proyecto de colaboración público-privada que tiene por objetivo desarrollar viviendas de alquiler asequible en diferentes puntos de la región.
Las dos fases ya adjudicadas del Plan VIVE incluyen el desarrollo de 6.600 pisos en 12 municipios de la región (más de 3.000 ya están en construcción) y se estima que antes de que finalice este 2023 se puedan entregar las que están ubicadas en los municipios de Alcorcón y Tres Cantos.
«Este proyecto es el más ambicioso que actualmente se está haciendo en obra pública en España, es una referencia internacional ya muy conocido y en el que cada vez más empresas y constructoras quieren formar parte porque lo hacemos sumando esfuerzos públicos y privados para dar solución a la creciente demanda de vivienda que vive España”, ha señalado la presidenta tras visitar el piso piloto de una promoción de casi 500 viviendas que están desarrollando Culmia y Avintia en San Sebastián de los Reyes.
Para la presidenta, este tipo de medidas de colaboración entre la Admonistración y el sector privado son “la única solución responsable y libre de populismo”. “Lo que hay que hacer es aumentar la oferta, no cabe otra opción”, ha insistido.
Además, ha recordado que el Gobierno autonómico ha conseguido “la mayor movilización de suelo público de España”, sacando al mercado más de un millón de m2 de suelo de titularidad de la Comunidad de Madrid. “Lo que vamos a conseguir es uno de los mayores desarrollos urbanísticos de nuestra región en los últimos años”, ha concluido.