El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha anunciado la intención de su entidad de impugnar el impuesto temporal a la banca con el que el Gobierno quiere recaudar en torno a 3.000 millones en 2023 y 2024.
Durante su intervención en el III Observatorio de las Finanzas organizado por El Español e Invertia, el CEO de CaixaBank ha considerado que «hay motivos de peso» por los que no se ajusta a la legalidad vigente.
«Tenemos la obligación con todos nuestros accionistas, más de 600.000, de que si hay algo que tiene unos visos de no cumplir determinados principios legales, evidentemente lo recurrimos en su nombre porque somos gestores. El impuesto no me lo han puesto a mí, sino a los 600.000 accionistas, incluida la Obra Social de La Caixa», ha defendido Gortázar.
Además, ha afirmado que la banca «tiene que arrimar el hombro, como todas las personas», pero ha pedido diferenciar entre la tributación de las personas físicas, donde es «justo, necesario y conveniente» que paguen más los que más ganan, de los impuestos a las personas jurídicas.
«Una sociedad porque gane más no debe necesariamente pagar más impuestos porque francamente lo que haces es penalizar el tamaño. Las sociedades tienen que ser más grandes para ser más productivas», ha alegado al respecto.
Con este anuncio, CaixaBank se une a otras entidades que ya han presentado un recurso contra el impuesto, como Sabadell, KutxaBank o Bankinter, así como a las patronales AEB y CECA que también presentaron recurso ante la Audiencia Nacional.
A mediados de febrero, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) presentaron sendos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional impugnando la orden publicada por el Ministerio de Hacienda por la que se aprobaban los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen temporal a la banca.
Para presentar los recursos, las patronales se basaron, fundamentalmente, en el dictamen que el Banco Central Europeo (BCE) publicó a principios de noviembre de 2022, en el que se cuestionaban distintos aspectos del gravamen al considerar que podría llegar a poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria, añadiendo que el importe del mismo podría no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades y expresando la importancia de que pueda repercutirse a los clientes.
Más de 600 millones en el primer pago
Este tributo entró en vigor a finales de 2022 con el objetivo de gravar los principales ingresos que la banca ha obtenido en el ejercicio pasado y empezar a recaudar en 2023. El objetivo del Gobierno es recaudar 3.000 millones de euros entre 2023 y 2024, es decir, 1.500 millones de euros cada año.
La Agencia Tributaria ha recaudado ya 637 millones de euros a través del pago anticipado del impuesto, cuyo plazo máximo ha finalizado el 20 de febrero, según anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado martes. La autoliquidación definitiva de los nuevos tributos (con el pago del 50% restante) se presentará del 1 al 20 de septiembre.
Este nuevo impuesto temporal a la banca grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturen más de 800 millones en 2019 y se circunscribe a la actividad que las entidades desarrollen en España.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha justificado esta medida ante los beneficios «extraordinarios» que la banca ha conseguido y obtendrá por las subidas de tipos que el BCE está aplicando para frenar la elevada inflación.