Cataluña da un golpe en la mesa contra una norma estatal. El Parlament de Cataluña ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda estatal, a propuesta de ERC y JxCat y con el apoyo de la CUP, por invasión de competencias autonómicas. Cataluña se suma así a otras comunidades autónomas que han llevado esta normativa ante el Tribunal Constitucional (TC) por el mismo motivo, como las de Madrid, Andalucía y País Vasco.
ERC votó a favor de la Ley de Vivienda en el Congreso tras negociarla y enmendarla con los partidos del Gobierno, mientras que los ejecutivos de las otras regiones que han presentado recurso están liderados por formaciones que ya votaron en contra de la norma en las Cortes (PP y PNV). Junts también votó en contra.
En el caso catalán, el 4 de agosto el Consejo de Garantías Estatutarias emitió un dictamen en el que advertía de que diversos artículos y disposiciones de la Ley por el derecho a la vivienda vulneran las competencias exclusivas de la Generalitat en materia de vivienda y urbanismo que fija el Estatut.
ERC ha defendido su apoyo inicial en el Congreso a la Ley de Vivienda que ahora recurrirá como vía para garantizar derechos sociales habitacionales básicos mientras no pudiese ser de aplicación una normativa catalana en ese sentido (los intentos regionales anteriores fueron invalidados por el TC).
Lo curioso de este recurso es que Cataluña es la única autonomía que ha avanzado en el plan para topar los alquileres en España. En junio ya inició los trámites para declarar hasta 140 municipios de la región como zona de mercado tensionado, paso previo para establecer un límite a los precios de los arrendamientos, y ha anunciado que reducirá de 10 a cinco los inmuebles para considerar como grandes tenedores a los propietarios en aquellas zonas que se declaren de mercado residencial tensionado.
Aunque parezca contradictorio, la consellera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella, ya afirmó hace unas semanas que la decisión de votar el recurso en el no contradice el hecho de que la región quiera aplicar cuanto antes la regulación de las rentas del alquiler. Tal y como afirmó, la Generalitat está defendiendo sus competencias y que es su «obligación dar respuesta a la ciudadanía catalana» y garantizar sus derechos.
Los recursos contra la Ley de Vivienda
El pasado 26 de agosto se cumplieron tres meses de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, una de las normativas más polémicas de los últimos tiempos para el mercado inmobiliario y que abre la puerta al tope a los alquileres en zonas tensionadas.
En estas semanas, Madrid, Andalucía y el País Vasco han recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional, mientras que Baleares está preparando su recurso y Galicia ha pedido modificaciones en la Comisión Bilateral entre CCAA y Estado. Prácticamente todos los recursos presentados inciden en una invasión competencial en cuanto a la regulación de la vivienda protegida, el parque público de viviendas, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, las medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento o las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, cada autonomía ha recurrido diferentes apartados de la normativa:
Madrid
En el caso de la Comunidad de Madrid, el recurso de inconstitucionalidad se presentó en julio y, según detallaron altos cargos del Gobierno regional en julio, se centra en varios preceptos de la Ley Vivienda estatal bajo la premisa de que el texto invade competencias autonómicas. En concreto, versa sobre 11 apartados de ocho artículos en los que se «extralimita» la interpretación de las competencias del Estado.
La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, llevaba meses anunciando su intención de recurrir esta normativa ante el Tribunal Constitucional, incluso antes de su puesta en marcha, e insistiendo en aquellas medidas que dependan de la iniciativa autonómica, como por ejemplo la declaración de zonas tensionadas de mercado residencial, no se aplicará en la región. Ayuso se ha mostrado tajante en sus afirmaciones: “la ley aprobada con Bildu y ERC invade competencias de las CCAA, contiene artículos inconstitucionales y graves errores jurídicos que perjudican seriamente al mercado inmobiliario y muy especialmente a los madrileños», ha destacado la mandataria del PP en las redes sociales.
Andalucía
Andalucía, también gobernada por el Partido Popular, es otra de las regiones que ha llevado la normativa al alto tribunal. A finales de julio, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó la interposición del recurso de inconstitucional, que versa sobre un total de 18 artículos y cuatro disposiciones adicionales de la Ley de Vivienda, al considerar que invade competencias en materia de vivienda exclusivas de la comunidad autónoma y recogidas en el artículo 56 del Estatuto de Autonomía
En concreto, el Gobierno regional encabezado por Juanma Moreno explicó que ha centrado su impugnación ante el Tribunal Constitucional en “toda la regulación recogida en la Ley Estatal de Vivienda en torno al concepto de vivienda protegida, vivienda asequible incentivada, gran tenedor y parque público. La regulación de la Ley Estatal de Vivienda en estos artículos es tan completa y acabada que no deja resquicio alguno para la regulación al legislador autonómico, que es el competente en la materia. Como ejemplo, en relación con la vivienda protegida, recoge asuntos ya regulados por la administración autonómica como la duración de la calificación o los requisitos para ser adjudicatario”. No obstante, Andalucía no ha solicitado la suspensión cautelar de la normativa.
País Vasco
Euskadi también se ha sumado a la lista de autonomías que han recurrido la Ley de Vivienda, a pesar de no estar gobernada por el Partido Popular. En concreto, el Gobierno vasco, liderado por Iñigo Urkullu (PNV) también recurrió la normativa ante el Tribunal Constitucional a finales de julio, con el desacuerdo de los tres consejeros del PSE-EE, por considerar que el texto «condiciona el autogobierno vasco en materia de vivienda y vulnerar competencias que corresponden» a la región, «generando inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar».
Así, ha impugnado un total de siete artículos de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, una disposición transitoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales.
Al margen del recurso de inconstitucionalidad, y de forma paralela, el Ejecutivo autonómico también ha solicitado al Gobierno central en funciones que abra una vía de » diálogo» en la Comisión Bilateral entre las CCAA y el Estado «para intentar solventar diferencias de interpretación» de la norma.
Baleares recurrirá pronto al TC
Baleares también ha anunciado que recurrirá la normativa ante el Tribunal Constitucional, aunque de momento no lo ha hecho formalmente.
Bajo el nuevo Gobierno regional liderado por la popular Marga Prohens, a principios de agosto el Consejo de Gobierno balear autorizó a la Abogacía de la región a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra nueve artículos y cuatro disposiciones de la Ley de Vivienda por invadir competencias autonómicas. Es decir, ya ha iniciado los trámites para presentar el recurso.
Según insistió la consellera de Vivienda regional, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, el día que confirmó su intención de llevar a cabo el recurso, la comunidad tiene competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio, incluyendo el litoral, el urbanismo y la vivienda, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, y por ello elevará este asunto al Constitucional. “Hay una invasión clarísima. Esa es la opinión del Govern y de la Abogacía», declaró.
Galicia se aferra a la Comisión Bilateral con el Estado
Galicia aprobó a mediados de julio solicitar a la Administración Central la convocatoria de la Comisión Bilateral con el Estado para intentar corregir la Ley de Vivienda, al igual que Euskadi, aunque en su caso esta propuesta está basada en no tener que llegar a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.
Según la Xunta, además de ser confusa en su redacción, la normativa es “defectuosa técnicamente y poco clara en la atribución de ciertos deberes y actuaciones” y que “no respeta las atribuciones exclusivas que tiene la Comunidad en esta materia”. También critica que la ley “fue tramitada y aprobada unilateralmente por el Estado, sin contar con la opinión de los ejecutivos autonómicos ni considerar las diferentes realidades territoriales”. En total, la normativa incluye 17 artículos que la Xunta cuestiona total o parcialmente.
Fuentes del Gobierno gallego confirman a este medio que actualmente están pendientes de la Comisión Bilateral antes de tomar una decisión definitiva sobre el recurso.
Críticas de los expertos
Por su parte, los expertos critican que su puesta en marcha de momento solo ha conseguido tensionar más el mercado, generar alarma social y limitar el acceso a una vivienda a las personas con menos recursos.
Los datos de mercado, por su parte, apuntan que las rentas del alquiler siguen al alza. Según idealista, en julio el precio medio se situó en 11,9 euros/m2 en el conjunto de España, tras subir un 0,9% mensual y un 9,3% el último año, lo que se convierte, por séptimo mes consecutivo, en el precio máximo histórico. Además, un 40% de las inmobiliarias detecta menos oferta en el mercado.