La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha acusado a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, de intentar frenar la aprobación de la Ley de Vivienda: «Actúa de portavoz de los lobbies». Lo ha dicho tras declarar ante la jueza que la investiga por presunta prevaricación y coacciones al fondo de inversión Vauras, en la que también ha interpelado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que «cumpla con su palabra y que demuestre que el presidente es él».
Sobre su declaración en los juzgados, Colau ha explicado que ha ido muy bien, que ha durado en torno a 10 minutos, lo que para ella demuestra que «no hay nada, no hay caso», y confía en que se archivará. Colau ha declarado ante la jueza que la investiga por presunta prevaricación y coacciones al fondo de inversión Vauras que no intervino en la concesión de licencias de obras al fondo ni se reunió con sus representantes.
Fuentes presentes en la declaración ha añadido que Colau ha explicado que, desde que llegó a la alcaldía, tenía delegadas las funciones en materia de concesión de licencias y en todas las áreas del Ayuntamiento, como Vivienda y Derechos Sociales.
El Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona investiga a Colau junto a una funcionaria municipal y los concejales de Sants-Montjuïc, Marc Serra, y de Vivienda, Lucía Martín, por presuntas coacciones a Vauras, supuestamente relacionadas con el acceso a licencias de obras y encaminadas a evitar el desahucio del Bloc Llavors, que se produjo en 2021.
Colau ha negado haberse reunido con los propietarios del bloque y ha afirmado que ni siquiera los conoce personalmente, y a preguntas de la fiscal también ha descartado haber dado indicaciones a los Mossos d’Esquadra a través del entonces conseller Miquel Buch para entorpecer el desahucio del Bloc Llavors, como insinuaba el fondo en la querella que inició la causa.
En el mismo sentido, ha negado que diera indicaciones concretas a los Servicios Sociales para intervenir en el procedimiento y ha señalado que durante su mandato sí se ha reforzado este servicio con más medios materiales y personales.
El consistorio abrió seis expedientes sancionadores a Vauras, con multas de en total 400.000 euros, por no dar en alquiler social pisos de su propiedad a pesar de ser un gran tenedor, y Colau ha subrayado que ella no intervino en estos procedimientos. Ha recordado que los expedientes sancionadores los hizo el Institut Municipal d’Habitatge a propuesta de los servicios jurídicos.