El Partido Popular ha presentado su programa electoral de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio con dos mensajes “derogar el sanchismo” y “devolver España a los españoles”. Son 365 medidas estructuras en cuatro grandes bloques donde en materia de vivienda propone un pacto de Estado en esta materia, que incluye derogar la Ley de Vivienda, además de impulsar una Ley de seguridad jurídica en el urbanismo. Más en concreto, creará un programa de avales a jóvenes hasta el 95% del precio de la vivienda, movilizará suelo público para alquiler asequible y un paquete de medidas antiokupación para desalojar en 24 horas.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado el programa electoral con el que concurrirá en su candidatura a presidente en las próximas elecciones generales del próximo 23 de julio. Pocas novedades en materia de vivienda, con unos planteamientos que ya se han ido conociendo incluso antes de la convocatoria de estas elecciones o han sido adelantandas en los últimos días. El programa del PP aspira a:
Medidas en materia de vivienda
Un pacto de estado sobre la vivienda que cuente con la participación de CCAA y entidades locales. “Buscamos soluciones conjuntas para garantizar un uso racional del suelo, construir viviendas a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente”, destaca el programa del partido conservador.
Derogar la ley de vivienda, “que ha generado inseguridad jurídica y no resuelve ninguno de los problemas de fondo del mercado de la vivienda”, concretan.
Se creará un programa de avales destinado a jóvenes de hasta 35 años, a fin de garantizar la concesión de créditos hipotecarios por valor de hasta un 95% de la totalidad del precio de la vivienda.
El PP recupera una medida que tenía avanzada en su último mandato, antes de la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018: una Ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo, para “garantizar la perdurabilidad de los planes urbanísticos cuando se impugnen cuestiones no estructurantes de los mismos”.
Además, movilizará el suelo de titularidad pública para vivienda pública, tanto patrimonial como demanial, para la promoción de vivienda en alquiler asequible, en colaboración público-privada.
“Promoveremos la vivienda social, con objetivos coherentes y realistas, como elemento fundamental para hacer frente al problema de la vivienda en España”, amplían en su programa electoral.
Defensa de la propiedad privada
Fuera del punto para favorecer el acceso a la vivienda, el PP plantea otras iniciativas en defensa de la propiedad privada. “El derecho de propiedad es uno de los pilares de la comunidad política y social. Reforzaremos la defensa de la propiedad privada reconocida en el artículo 33 de la Constitución Española, a través de normas que garanticen la seguridad jurídica de los propietarios y la convivencia vecinal frente al creciente fenómeno de la okupación ilegal, que se ha disparado en los últimos años”, enfatiza en el octavo objetivo de los populares si llegan a Moncloa.
El PP avanza que, si gobierna, aprobará un paquete de medidas ‘antiokupación’ para permitir que los desalojos se produzcan en un plazo máximo de 24 horas. Incluye también que las viviendas ocupadas ilegalmente no sean objeto de carga tributaria o impedir que los okupas ilegales puedan empadronarse y disfrutar de los derechos asociados.
Profundiza que el desalojo en 24 horas se producirá desde el requerimiento si los ocupantes no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble, y de modo inmediato en caso de flagrante delito.
Se crearán oficinas técnicas municipales para la lucha contra la okupación ilegal que cuenten con una asesoría jurídica a los vecinos o comunidades de vecinos afectados. Habrá un teléfono de atención al ciudadano 24 horas para actuar de forma inmediata ante ocupaciones o intentos de ocupación, y se creará una ventana única de tramitación de asuntos relacionados con la ocupación ilegal.
El PP promete que creará unidades especializadas en la lucha contra la ocupación en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y Unidades de Actuación Inmediata ante las ocupaciones inminentes con protocolos claros y efectivos.
Además, se dotará a las comunidades de propietarios de medios de defensa jurídica en la Ley sobre Propiedad Horizontal “para la protección de la convivencia vecinal, legitimándolas para realizar acciones preventivas contra la ocupación ilegal y para acudir a las autoridades”, afirma el programa.
También prometen devolver las cantidades abonadas por el propietario en concepto de IBI y en el Impuesto sobre el Patrimonio por el periodo que haya durado la ocupación; y para que la vivienda ocupada sea considerada como residencia habitual de su propietario si lo era antes de la privación ilegítima de su posesión, de forma que esta situación no conlleve la pérdida de beneficios fiscales si los hubiere.
Otras medidas en vivienda
Otras medidas donde la vivienda forma parte de las propuestas están en el proyecto piloto de la fiscalidad específica en el medio rural, particularmente a aquellas personas y empresas que articulen una industria, abran un negocio o que vendan, compren o permuten tierras. “Bonificaremos el Impuesto de Transmisiones y de Actos Jurídicos Documentados o el IBI por compra de una vivienda en el rural e impulsaremos políticas de rehabilitación de viviendas en los pueblos”.
Además, avanza más recursos residenciales para las personas mayores, como las viviendas compartidas, las viviendas con servicios comunes y otras modalidades de habitabilidad que incorporen servicios de apoyo y cuidado a quien lo necesite.
En cuanto a la reforma y rehabilitación de viviendas, promoverá refuerzos en los sistemas de atención al hogar para que las personas que lo deseen sigan viviendo en sus propios domicilios el mayor tiempo posible.
Reducir la presión fiscal y controlar el déficit y la deuda
El programa electoral de la formación insiste en el objetivo de aliviar la carga fiscal de las familias, de los autónomos, de las empresas. “Proponemos una política fiscal no confiscatoria, a través de una reforma que alivie la situación de quienes más dificultades tienen. Por otra parte, la acumulación de deuda -se sitúa actualmente en más del 110% del PIB- pone una losa sobre nuestra competitividad presente y futura. Nos comprometemos a abordar una política de mayor equilibrio presupuestario”, asegura el documento.
En este caso, las medidas propuestas son:
Aprobar un alivio fiscal inmediato a las familias. El PP quiere los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF que supone una subida real de impuestos sobre la clase media, así como reducir el IVA a la carne, pescados y conservas con carácter temporal.
Reforma integral del sistema fiscal. Una reforma basada en criterios de eficacia, equidad y sostenibilidad de los servicios públicos destinada a proteger el ahorro, la inversión y fomentar la creación de empleo. También eliminará el impuesto a las grandes fortunas, y simplificará el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades para las pymes, con especial atención a las empresas con pérdidas y aquellas que incrementen el promedio de su plantilla de trabajadores con contratos indefinidos.
Equilibrar la relación entre el contribuyente y la Administración Tributaria y establecer un estatuto del contribuyente. Incorporará el “derecho al error” en el ordenamiento tributario español, para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones de contribuyentes con un registro histórico de cumplimiento. Revitalizará el Consejo para la Defensa del Contribuyente, ampliando sus competencias y potenciando la independencia de sus integrantes. Por último, reformará los Tribunales Económico-Administrativos, impulsará la transacción judicial y dotará de mayor seguridad jurídica a las operaciones tributarias.
Mejorar el régimen fiscal de no residentes. Con el fin de promover la inversión y el desarrollo económico en España y la movilidad internacional, el PP quiere ofrecer incentivos fiscales atractivos para los no residentes y competitivos a nivel global.
Revisar la situación de las cuentas públicas. El partido quiere realizar una revisión de la situación real de las cuentas públicas junto con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) al inicio de la legislatura, así como los compromisos de gasto adquiridos por el actual Gobierno y las obligaciones pendientes.
Reformar la ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas. Con el fin de garantizar su correcta aplicación, el PP promete fortalecer el papel de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como evaluador independiente de eficacia y eficiencia de las políticas que contribuyan a la optimización en el uso de los recursos públicos en todos los niveles de la Administración.
Intensificar el proceso de contratación centralizada en la Administración como herramienta de ahorro de costes. La última propuesta de este punto es analizar a fondo las necesidades a cubrir y las respuestas que ofrece el mercado, con el objetivo de obtener una adecuada correspondencia calidad/precio. También aboga por ampliar el alcance de los contratos a centralizar, incorporando áreas como la eficiencia energética, el mantenimiento de edificios e instalaciones, y los servicios de ciberseguridad. Y, por último, por mecanismos que garanticen la inclusión de las pymes en estos procesos, por ejemplo, estableciendo lotes en los contratos a licitar que sean más accesibles para estas entidades.
Reindustrializar la economía haciendo mejor uso de los fondos europeos
Según detalla el programa del PP, “la reindustrialización es un potente factor de creación de empleo, de innovación y de competitividad. Es una de las claves de nuestro futuro como país, en línea con las prioridades que ha asumido el conjunto de la Unión Europea. Para potenciar el peso de la industria en nuestra economía, proponemos una Estrategia Nacional de Reindustrialización y un Plan Estratégico para la Industria. En este sentido, queremos aprovechar mejor los Fondos de recuperación de la Unión Europea, que no están llegando a la economía real por la incapacidad del actual Gobierno”.
Las propuestas en esta materia son:
Auditar y evaluar los fondos europeos, así como los hitos y objetivos. El partido quiere realizar una auditoría y evaluación sobre la gestión de los fondos para conocer el verdadero estado de ejecución, el cumplimiento de los hitos y objetivos pactados, los problemas que han dificultado su ejecución, la coordinación entre administraciones públicas o los recursos y el personal destinado para su gestión. Asimismo, propondrá los cambios necesarios a la Agenda presentada por el Gobierno que garanticen maximizar en España los objetivos de los fondos europeos
Poner en marcha la cogobernanza de los fondos y aumentar su transparencia. El documento aboga por coordinar la planificación y gestión, el diseño de convocatorias y la consecución de hitos y objetivos con los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos. Además, propone crear un órgano asesor para la mejor orientación de los fondos europeos con la participación del sector privado. Por último, y en favor de la transparencia y en cumplimiento del Reglamento de estos fondos, publicará los datos de ejecución final y hará que la plataforma digital sea interoperable y accesible.
Agilizar la ejecución de los fondos y su llegada a la economía real. El PP se compromete a promover incentivos y bonificaciones fiscales para acelerar la ejecución de los fondos y lograr un impacto inmediato y real en la economía. También generalizará la declaración responsable como vía de acceso a los fondos, incrementará los anticipos y mejorará las garantías y los avales. Otra de las medidas propuestas es ampliar los plazos de las convocatorias y las opciones de participar en los programas y facilitar el acceso a la información y las convocatorias a través de asesoramiento a empresas, pymes y autónomos.
Otra medida es agilizar la publicación de las convocatorias de los PERTES, incorporando las mejoras necesarias y diseñar PERTES territorializados con las consejerías competentes para apostar por inversiones que sean realmente demandadas por el tejido productivo.
Otras medidas. El documento también incluye propuestas dirigidas a impulsar una estrategia de reindustrialización, un plan de automoción, una estrategia de economía circular y lograr un precio eléctrico estable para favorecer la competitividad de la industria española.
Empleo de calidad
El mercado laboral es otro de los capítulos más destacados del programa electoral del PP. “España puede y debe alcanzar niveles de empleo equiparables a los del resto de la Unión Europea, especialmente en lo relativo al empleo de los jóvenes y de las mujeres”, detalla el documento.
En este ámbito, las propuestas son:
Reforma integral de las políticas activas de empleo. El partido asegura que la reforma estará basada en la ampliación y mejora de la calidad de la oferta de formación, otorgando mayor libertad de elección al trabajador desempleado. También aboga por crear un entorno donde los oferentes de cursos compitan por ofrecer cursos de calidad, a través de una plataforma común basada una evaluación sistemática de su funcionamiento para valorar su eficacia. Por último, plantea promover el acceso de los desempleados a orientación laboral individualizada a través del perfilado estadístico y herramientas de Big Data que identifiquen las mejores alternativas de formación a su disposición.
Incrementar la relación de los servicios públicos de empleo con las empresas. Con ese fin, quiere crear unidades de atención especializadas o renovar los contenidos formativos, entre otras cosas. Y también, implementar programas de formación que adapten las capacidades de los demandantes de empleo a los puestos de trabajo ofertados, con especial atención a los jóvenes, a los mayores de 50 años y a los desempleados de larga duración.
Recuperar el diálogo social para actualizar el SMI. El PP quiere Involucrar a sindicatos, empresarios y expertos en la toma de decisiones sobre el salario mínimo interprofesional.
Mejorar el acceso al ingreso mínimo vital (IMV). Para ello, propone impulsar la coordinación con las CCAA, así como incrementar la compatibilidad del IMV con el empleo y la capacitación, mediante la implementación de bonificaciones adicionales en las cotizaciones sociales para aquellos trabajadores que amplíen sus horas laborales.
Impulsar la contratación en formación, destinada principalmente a facilitar la contratación y formación de jóvenes sin experiencia y que cuenten sólo con la enseñanza obligatoria, así como la recualificación del talento senior.
Asegurar la sostenibilidad de las pensiones. El documento subraya la importancia de impulsar la contributividad del sistema y dotarlo de mayor transparencia y accesibilidad, de modo que todos los trabajadores puedan acceder con mayor sencillez a la estimación de la pensión futura. También propone analizar la situación de los mutualistas alternativos en aras a promover junto a las mutualidades unas condiciones de jubilación dignas.
Más flexibilidad para los trabajadores. Otra de las propuestas es introducir cuentas individuales para los trabajadores, que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral para ganar en equidad, eficiencia y productividad. Estas cuentas acompañarán al trabajador durante su vida laboral, y se nutrirán a través de aportaciones mensuales de las empresas, con una parte de las cotizaciones sociales que ya abonan. Este mecanismo, según el partido, mejorará la protección de los trabajadores y eliminará barreras a los cambios de empleo voluntarios de los trabajadores con mayor antigüedad.
Medidas destinadas a los autónomos. Dentro de las medidas destinadas a los trabajadores por cuenta propia, el PP destaca la puesta en marcha de un sistema de “aplazamiento automático” de hasta tres cuotas al año, una tarifa ‘cero’ para el primer año de actividad, así como desarrollar un modelo de formación profesional específico para el trabajo autónomo que se adapte a sus necesidades, elimine trabas administrativas y permita el acceso a la formación bonificada a través de las cotizaciones sociales. Por último, se compromete a apoyar la conciliación de los autónomos mediante una bonificación específica a la cuota empresarial en caso de que contraten a un trabajador por cuenta ajena durante el descanso del trabajador autónomo por nacimiento de hijo o situaciones análogas. Y también a aproximar el TRADE (trabajador autónomo económicamente dependiente) al trabajo por cuenta ajena en términos de protección social.