Las ciudades madrileñas de Boadilla del Monte, Majadahonda y Las Rozas, junto con Arrecife (Las Palmas), son los municipios que encabezan la competitividad fiscal en España, según el último informe que ha publicado el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
El análisis, en el que han participado Alberto Monreal Lasheras, socio of counsel de PricewaterhouseCoopers Tax & Legal; y Valentín Pich Rosell, Presidente del Consejo General de Economistas de España, sitúa Mijas (Málaga), Sagunto (Valencia), Dos Hermanas (Sevilla), Alcobendas (Madrid), Ourense y Getafe (Madrid) en el ranking de los 10 municipios más competitivos en términos de impuestos.
Por el contrario, el ‘think tank’ de la CEOE sitúa a Reus (Tarragona), Girona y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) como los municipios que peor competitividad fiscal presentan de toda la muestra analizada por el IEE. A la cola del ranking también se encontrarían Lleida, Tarragona, Gandía (Valencia), La Línea de la Concepción (Cádiz), Elda (Alicante), Alcoy (Alicante) y Granollers (Barcelona).
El informe del IEE evalúa la carga tributaria que soportan los ciudadanos de 141 municipios con más de 50.000 habitantes. Los datos analizados permiten detectar aquellas administraciones que aplican mejores prácticas desde un punto de vista de la competitividad fiscal.
Según explican desde el IEE, «un marco fiscal competitivo garantiza la justicia y promueve la necesaria corresponsabilidad fiscal a través de una distribución equitativa de la carga fiscal y una gestión eficiente de los recursos públicos. Siguiendo el ejemplo de los países más avanzados de la OCDE, el incremento de la recaudación tributaria debería basarse en el aumento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico, que es la verdadera palanca de la redistribución, y en la lucha contra el fraude fiscal, más que en incrementar la presión sobre unos contribuyentes que, en el caso de la economía española, ya soportan una carga tributaria superior a la de los países de nuestro entorno, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico».
Madrid, Zaragoza y Málaga lideran la competitividad en las grandes ciudades
Entre los municipios españoles con más de 500.000 habitantes destaca la mayor competitividad fiscal de Madrid, Zaragoza y Málaga. En el polo opuesto, Barcelona, Valencia y Sevilla presentan una presión fiscal normativa superior a la media nacional.
Si se realiza la agrupación por comunidades autónomas, usando la media ponderada de todos los impuestos, resulta que Islas Baleares es la comunidad autónoma que mejor competitividad fiscal local presenta, seguida por Madrid, Cantabria y Asturias, todas ellas por encima de la media nacional.
En el polo opuesto, Cataluña, Cantabria, Islas Baleares y Ceuta presentan la mayor presión fiscal normativa nacional, y, por tanto, la peor competitividad fiscal, todas ellas en más de un 8% por encima de la media nacional.
La Comunidad de Madrid tiene el sistema fiscal más competitivo
En relación con la competitividad fiscal de las comunidades autónomas, el sistema fiscal más competitivo corresponde a la Comunidad de Madrid (76,2 puntos), a los territorios forales del País Vasco (Vizcaya: 81,5 puntos; Álava: 82,2 puntos; Guipúzcoa: 84,8 puntos) y a Canarias (95,2 puntos).
De su lado, los peores resultados se obtienen en las regiones de Cataluña (123,8 puntos), Comunidad Valenciana (116,3 puntos), Aragón (115,3 puntos), Asturias (115 puntos) y Extremadura (110,2 puntos).
Según el IEE, las regiones que cuentan con un mayor bienestar económico, medido a través del PIB per cápita, son aquellas que presentan un mejor desempeño en competitividad fiscal.
La comunidad autónoma que obtiene mejores resultados en términos de competitividad regional es la Comunidad de Madrid, con un valor del Índice de Competitividad Regional (ICR) de 119,3 puntos. La sigue el País Vasco, con un valor del ICR de 107,6 puntos; y Cataluña, con 101,3 puntos, siendo estas tres regiones las únicas que superan la media europea dentro del territorio español.
Por el contrario, dentro de las regiones españolas con peores resultados, se sitúan Extremadura, Andalucía y Canarias, con una puntuación que no alcanza los 80 puntos, muy alejadas del promedio europeo. Según se concluye en el análisis, la tributación por imposición personal sobre la renta, tanto en Madrid como en Barcelona, en el contexto de las grandes ciudades europeas, están en la zona media.
El instituto presidido por Iñigo Fernández de Mesa defiende que «las regiones que disponen de mejores puntuaciones para el indicador de competitividad fiscal cuentan, también, en promedio, con mejores puntuaciones en el Indicador de Competitividad Regional; son capaces de promover la productividad, a través de unos mejores niveles de salud y bienestar de población activa, lo que implicaría un mejor desempeño de su gasto sanitario y social. La competitividad fiscal también es capaz de fomentar instituciones educativas que tienen una mayor capacidad de inversión en investigación y desarrollo, pudiendo mejorar la capacidad de la región en términos de innovación. Por último, los indicadores analizados muestran que aquellas regiones que ofrecen unos marcos fiscales más atractivos son capaces de atraer empresas, aumentando la oferta de empleo de una región e incrementando la competencia por los trabajadores más cualificados».
Comparativa respecto a otras ciudades europeas
Si bien llama la atención que, en ambos casos, la tributación de rentas de 24.000 euros es superior que en el resto, solo en Lisboa esta renta tributa más. En todos los casos analizados, los residentes en Madrid tienen una tributación inferior a Barcelona, si bien Madrid tiene una escala con mayor progresividad.
Este análisis abandona la comparativa de indicadores clásicos como la presión fiscal, el esfuerzo fiscal, el PIB y el PIB per cápita para centrarse en las ocho ciudades europeas seleccionadas (Madrid, Barcelona, Roma, Lisboa, Berlín, Londres, Ámsterdam y París) en la situación de personas concretas, en la fiscalidad en singular, a través de varios perfiles personales concretos, que permiten comparar la fiscalidad real sobre una persona residente en cualquiera de estas ciudades.
Con estas cifras sobre la mesa, el ‘think tank’ de la patronal se ha mostrado crítico conel establecimiento de tributos específicos sobre determinados sectores económicos y agentes, alertando de que es una medida que «no se justifica ni desde una perspectiva económica ni desde la fiscal, y genera inseguridad jurídica. La adopción unilateral de estas medida dejan de lado la necesaria coordinación internacional y armonización con nuestros socios europeos, lo que origina una erosión adicional de las bases fiscales y pérdida de competitividad de nuestra economía. Estos gravámenes, más allá de atentar contra criterios de eficiencia económica, introducen un aumento del riesgo regulatorio desincentivando tanto los procesos de generación de ahorro y acumulación de capital como los de inversión necesaria para afrontar retos a más largo plazo que debe afrontar la economía española».