La primera sesión plenaria del Congreso de los Diputados del año, celebrada este 10 de enero, ha sido una prueba de fuego para el Gobierno.
Em este Pleno Extraordinario que se ha celebrado en la sede del Senado, puesto que el hemiciclo del Congreso estará en obras durante todo enero, se han debatido los decretos para la reforma del subsidio de desempleo y de las medidas para afrontar las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, recogidas en el último decreto ley aprobado por el Gobierno en 2023.
El Consejo de Ministros dio luz verde a los textos en diciembre, aunque el Congreso tenía un plazo de 30 días para convalidarlos o derogarlos.
Además de esos decretos, que incluyen medidas como las reducciones del IVA a la electricidad, incentivos para el transporte, la prórroga de la suspensión de los desahucios familias vulnerables y del impuesto a las grandes fortunas, el aumento de las pensiones, la modernización del sistema judicial o el incremento del subsidio por desempleo, también se han votado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, un primer paso en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2024. Otro de los puntos del orden del día era el debate de la proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Empate técnico en la primera votación
Finalmente, la primera votación se ha saldado con diferentes resultados. Por ejemplo, se ha convalidado, con 172 votos a favor y 171 en contra, el Real Decreto-ley 6/2023, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, y que se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Este texto incluye la modernización del sistema judicial.
En cambio, el decreto anticrisis y los objetivos de estabilidad presupuestaria han terminado con un empate técnico de 171 votos a favor y 171 votos en contra, lo que ha obligado a repetir la votación sobre su convalidación o derogación.
Lo que sí ha quedado derogado en la primera vuelta es el Real Decreto-ley 7/2023, de 19 diciembre, de medidas urgentes para completar la transposición de la Directiva del Parlamento Europeo relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, la reforma impulsada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El decreto anticrisis, convalidado en segunda votación
En la segunda votación, el Congreso ha respaldado el decreto anticrisis gracias a los votos a favor de Podemos y a la abstención de Junts, a cambio de pactar con el Ejecutivo a última hora medidas como modificar la ley de sociedades para facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña, establecer un tipo 0 en el IVA del aceite o la delegación integral de las competencias de inmigración en la Generalitat.
En concreto, el decreto anticrisis ha salido adelante con 172 votos a favor, 171 en contra y 7 abstenciones. Además, el Congreso ha aprobado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Estas son las medidas que han conseguido luz verde por parte del Congreso:
Prórroga de los desahucios de familias vulnerables
Se prorroga la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables hasta el año 2025, así como la posibilidad de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario afectado.
Además, Podemos ha decidido apoyar ‘in extremis’ el decreto de las ayudas anticrisis después de alcanzar un acuerdo con el Gobierno para suspender hasta 2028 de los desahucios hipotecarios a familias vulnerables.
En concreto, la suspensión de los desahucios de vivienda habitual para familias vulnerables acordada con el Ejecutivo de coalición se articulará a través de una modificación de la de la ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
Según ha explicado la líder de Podemos, Ione Belarra, el Gobierno se ha comprometido a tramitar el decreto como proyecto de ley, de manera que los diferentes grupos parlamentarios podrán plantear enmiendas y el objetivo es que dicho proyecto de ley se tramitará en un plazo máximo de seis meses.
Los morados también han planteado al Gobierno la necesidad de limitar al 2% el incremento anual de los alquileres tanto para los contratos en vigor como para los nuevos, después de que el 1 de enero entrara en vigor el nuevo tope del 3%, y de limitar el margen comercial de los grandes supermercados para controlar el precio de los alimentos. A pesar de que no ha habido acuerdo con esas demandas, Podemos ha asegurado que seguirá planteándolas durante el trámite parlamentario del decreto.
Prórroga del impuesto a bancos, energéticas y grandes fortunas
Estos impuestos, que se aprobaron en 2022 y que tenían una vigencia inicial de dos ejercicios fiscales (2022 y 2023), se han prorrogado durante todo este año. El Gobierno ha confirmado en las últimas semanas que estudia cambios en los tributos que gravan los beneficios extraordinarios de bancos y energéticas, mientras que los economistas temen que el impuesto a las grandes fortunas, que ha sido respaldado por el Tribunal Constitucional, termine haciéndose permanente.
Prórroga del IVA 0% en alimentos básicos, pastas y aceites
La medida se mantendrá inicialmente durante el primer semestre del año.
Eliminación progresiva de la bajada de impuestos a la electricidad
El decreto modifica el IVA en las facturas de luz y gas natural, que pasan de un 5% a un 10%, frente al 21% original de antes de la crisis energética.
Bonificación al transporte
El texto también incluye la gratuidad de los Cercanías y la rebaja del 50% en el transporte autonómico.
Impacto recaudatorio
El Gobierno estima que las diferentes medidas fiscales suponen una pérdida recaudatoria de 2.499 millones de euros. El grueso de esa pérdida recaudatoria obedece a los tipos de IVA que se aplicarán sobre determinados suministros de electricidad y gas natural, en alimentos básicos, pastas y aceites y los límites para la aplicación del régimen especial simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. En concreto, estima que el nuevo IVA sobre estos productos y servicios supondrá una merma recaudatoria de 1.892 millones de euros.
De su lado, la prórroga de la aplicación del IVA reducido de gravamen del 5% a los aceites comestibles y las pastas alimenticias durante el primer semestre de 2024 podría acarrear una pérdida recaudatoria de 110 millones de euros. La aplicación del 0% del IVA en el primer semestre de 2024 a los alimentos básicos, una medida que también se prorroga, podría inducir, según los cálculos del Ejecutivo, una merma recaudatoria de 734 millones de euros.
Tumbada la reforma del subsidio por desempleo
El Congreso ha tumbado el real decreto que incluía la reforma de subsidio por desempleo, y que es necesaria para que España acceda al cuarto desembolso de los fondos europeos Next Generation por importe de 10.000 millones de euros.
El decreto que aprobó el Gobierno a mediados de diciembre, y cuya entrada en vigor con carácter general estaba prevista para el 1 de junio de 2024, introducía los nuevos colectivos que pueden percibir el subsidio por desempleo, que es la ayuda destinada a las personas que han agotado o que no tienen derecho a la prestación contributiva de paro.
Dichos colectivos son los menores de 45 años sin cargas familiares que han agotado al menos 12 meses de prestación contributiva, los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura y los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla.
La reforma también aumentaba la cuantía del subsidio por desempleo durante el primer año de percepción y hacía compatible compatible con un trabajo durante los 180 primeros días sin pérdida de prestación, ligado a la suscripción de un acuerdo de actividad por parte de sus beneficiarios.
En concreto, la reforma aprobada por el Gobierno el pasado 19 de diciembre elevaba el subsidio, actualmente de los 480 euros actuales (el 80% del IPREM) hasta 570 euros durante los seis primeros meses (95% del IPREM) y a 540 euros mensuales en los seis siguientes (90% del IPREM). Pasados esos 12 meses, la ayuda se quedaba en 480 euros hasta su extinción con un tope de 30 meses, dependiendo de la edad, circunstancias familiares y de la duración de la prestación agotada.
En el caso de los mayores de 52 años, el decreto mantençia la ayuda en el 80% del IPREM o 480 euros, pero incluía una rebaja progresiva de la base de cotización para la jubilación, que será del 120% en 2024; del 115% en 2025; del 110% en 2026 y del 105% en 2027. Si la ayuda fuera concedida antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirá siendo del 125%.
Y ese ha sido precisamente el punto por el que Podemos ha votado en contra de este decreto. Como ha explicado Ione Belarra, el Ejecutivo no ha accedido a «retirar el recorte en las pensiones de las personas que cobran subsidio de 52 años».
Sin embargo, desde el partido han emplazado al Gobierno a convocar mañana mismo un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar una reforma del subsidio de desempleo «sin recorte» para parados mayores de 52 años, dado que así tendrá garantizado su voto a favor. Recordemos que la reforma del subsidio por desempleo es el último hito del componente 23 del Plan de Recuperación, por lo que su rechazo impide que España reciba de momento los próximos 10.000 millones de euros.