El Pleno del Congreso ha rechazado la proposición de ley presentada por el Parlamento de las Islas Baleares, que modifica la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que no ha salido adelante por 71 votos a favor, 270 en contra y 4 abstenciones. Este propuesta buscaba dar capacidad normativa a las comunidades autónomas para que pudieran poner un tope a los precios del alquiler en zonas tensionadas.
En concreto, la iniciativa viene a modificar los artículos 10 y 17 de la ley de arrendamientos urbanos, en lo relativo a la prórroga del contrato y en darle capacidad normativa a los Gobiernos autonómicos para que puedan poner un límite en el precio del alquiler en aquellas zonas que se encuentren tensionadas.
En concreto, con la modificación del artículo 10 que regula la prórroga del contrato, esta proposición de ley establecía que los contratos de arrendamiento de las viviendas en alquiler situadas «en zona de mercado residencial tensionado» podían prorrogarse de manera extraordinaria por plazos anuales por un periodo máximo de tres años, durante los cuales se seguirían aplicando los términos y las condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga extraordinaria debería ser aceptada por el arrendador, salvo que se hubieran fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes.
En cuanto a la modificación del artículo 17, que establece que la renta será la que libremente estipulen las partes, la proposición de ley buscaba que las CCAA pudieran establecer regímenes de contención o moderación de rentas de alquiler de viviendas en aquellas zonas de mercado residencial tensionado .
Esta proposición de ley venía del Parlamento de Baleares, donde fue impulsada por Més per Menorca, y salió adelante gracias a los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, Més per Mallorca y el Grupo Mixto.
Según el texto de la proposición de ley, se proponía este régimen de limitación del precio del alquiler con un régimen sancionador y un sistema de resolución extrajudicial de conflictos producidos entre arrendadores y arrendatarios.
Esta proposición de ley se ha visto en el Congreso de los Diputados en un momento en el que se sigue negociando en el seno del Gobierno de coalición algunos puntos de la Ley de Vivienda, como es el de la limitación del precio del alquiler.