La okupación preocupa, pero los costes de una desokupación es lo que realmente le quita el sueño a los propietarios españoles. Los costes legales que deben asumir los propietarios para poder recuperar su vivienda okupada se sitúan como una de las principales preocupaciones de los españoles. En aquellos que declaran haber sufrido una okupación, la preocupación por los costes de abogados, procuradores y demás trámites legales es un 25% mayor respecto a los que no han sufrido una okupación en su círculo próximo, según recoge el informe ‘Los españoles ante el fenómeno de la okupación ilegal’ elaborado por DAS Seguros.
Esta inquietud creciente responde a la dilatación de los procedimientos judiciales en los Juzgados de Primera Instancia, cuyos plazos se han duplicado en los últimos cuatro años situándose en los 10,9 meses de media para los civiles.
Entre las preocupaciones ante una posible ocupación de la vivienda destacan, también, tener que hacer frente a los destrozos ocasionados en el inmueble (66%), los gastos asociados a los suministros utilizados por los okupas (29%) o los costes de alojamiento en una vivienda alternativa (26%).
En esta línea, el estudio de DAS Seguros destaca que, en los dos últimos años, una de cada cuatro personas afirma que han okupado alguna vivienda próxima a su residencia habitual, destacando aquellas comunidades por encima del promedio como las Islas Baleares (40%), Cataluña (37%) y Canarias (35%). Según datos del Ministerio del Interior, que agrupan los delitos de allanamiento de morada y usurpación, los casos de ocupación ilegal en España han crecido más de un 45% en los últimos cinco años, alcanzando los 16.726 en 2022.
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Ante esta situación, un 46% de los españoles se muestra muy o bastante preocupado por la posibilidad de que le ocupen su vivienda, la de un familiar próximo o una vivienda en su edificio/comunidad. Las personas con mayor preocupación son las mayores de 55 años (58%) y las que disponen de una segunda residencia (61%).
Para prevenir posibles casos de okupación, la principal medida de seguridad tomada por los españoles es no divulgar información personal por redes sociales (52%), pedir a los vecinos que le alerten (36%), instalar sistemas de seguridad (30%) y reforzar las cerraduras en puertas y/o ventanas (30%).
Percepciones respecto a la inseguridad jurídica
Casi la mitad de los españoles (46%) percibe sentirse más desprotegido que los okupas ante un fenómeno como éste, porcentaje que se dispara si los consultados declaran conocer de cerca una experiencia de okupación.
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Por perfiles, el porcentaje es más elevado entre las personas de mayor edad y entre quienes tienen una segunda residencia y, por regiones, son las comunidades de Murcia (66%) y La Rioja (58%) donde esta percepción es superior, seguida de Castilla La-Mancha, Comunidad de Madrid, Andalucía e Islas Baleares con un 52% cada una.