La vivienda ha sido la gran protagonista del discurso político en las últimas semanas gracias a anuncios como el desarrollo de más de 100.000 viviendas de alquiler social y asequible en diferentes planes del Gobierno y al impulso a la Ley de Vivienda para que entre en vigor antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.
Sin embargo, el Ejecutivo no espera aumentar la inversión pública en vivienda en términos de PIB en los próximos años. Según contempla el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas, en el que cada país europeo rinde cuentas ante la Comisión Europea sobre las reformas que prevé llevar a cabo y resume sus principales proyecciones macroeconómicas, el plan oficial pasa por destinar un 0,5% del PIB a vivienda y servicios comunitarios hasta 2026, la misma partida destinada tanto en 2021 como en 2022.
Si miramos la Clasificación Funcional del Gasto de las Administraciones Públicas (COFOG) que contempla en Programa de Estabilidad, descubrimos que la vivienda es la partida que va a concentrar el menor gasto público en dicha clasificación. Por ejemplo, el Gobierno plantea el doble de recursos a la protección del medio ambiente en los próximos años (entre el 0,9% y el 1% del PIB) o a las actividades recreativas, cultura y religión (entre un 1% y un 1,2% del PIB).
El gasto estimado en vivienda también está muy por debajo del previsto en partidas como defensa (entre el 1,2% y el 1,3% del PIB) y de las que acaparan la educacón (4,5% del PIB anual) o la sanidad (6,9% anual hasta 2026). Pero la principal inversión es la de protección social, que se moverá entre el 19% y el 19,1% en lo próximos ejercicios.
Ministerio de Asuntos Económicos
«La protección social es la principal categoría de gasto, lo que refleja el compromiso del Gobierno con el bienestar de los ciudadanos. Además, se seguirá invirtiendo en otras áreas importantes, como la educación, la sanidad y la protección del medio ambiente», explica el documento oficial.
A pesar de que la inversión sobre PIB se mantiene, en términos reales el desembolso irá aumentando gracias al crecimiento económico que registrará España.
Este año, sin ir más lejos, las previsiones del Ejecutivo apuntan a que España liderará en 2023 por tercer año consecutivo el crecimiento entre los principales países de la zona euro y que se crearán 1,1 millones de puestos de trabajo hasta 2026, lo que permitirá reducir la tasa de paro por debajo del 10% para entonces. Además, la reducción del déficit público al 3% del PIB se adelanta a 2024, aprovechando el crecimiento económico, la creación de empleo y el impacto del Plan de Recuperación.
El Gobierno cifra en un 2,1% el crecimiento del PIB doméstico este año y en un 2,4% el previsto para 2024. De cara a 2025, pronostica un avance económico del 1,8%, mientra que para 2026 estima un crecimiento del 1,7%.
En este escenario, conviene tener en cuenta que el PIB de España en términos nominales cerró 2022 muy cerca de 1,329 billones de euros, por lo que si este año se consolida ese avance previsto del 2,1% el PIB podría alcanzar los 1,356 billones de euros a final de año y seguirá subiendo en los próximos ejercicios. A efectos prácticos, esto significa que el gasto en vivienda irá aumentando al calor de la actividad y lo hará cerca de un 20% en cuatro años.