La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado una adenda al convenio firmado entre su cartera y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) el pasado octubre, con el fin de destinar 260 millones de euros «para impulsar medidas que sirvan para dinamizar la oferta de vivienda para alquiler asequible».
El gasto inicial estaba previsto en 115 millones de euros, que ahora pasan a 260 millones, por lo que el importe máximo que se dedicará al Sepes en 2023 será de 375 millones, como ha apuntado Sánchez. «La cantidad que hemos transferido a Sepes desde 2018 asciende a casi 622 millones de euros. Este convenio convierte de facto a Sepes en el brazo ejecutor de la política de vivienda del Estado y promotor de suelo del Estado», ha dicho Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha resaltado el «papel destacado» del Sepes dentro de los Planes Estatales de Vivienda, por lo que se está dotando de herramientas para que pueda «pueda intervenir y recuperar suelos públicos en desuso, o que están obsoletos» y se puedan poner a disposición «para desarrollar políticas de vivienda asequible».
Sánchez ha recordado que España cuenta con un escaso parque de vivienda pública, de apenas 220.000 hogares, que queda muy lejos de los países de su entorno, por lo que el Gobierno está movilizando viviendas a través de los Planes Estatales de Vivienda, con 14.000 inmuebles impulsados en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos en los dos últimos Planes Estatales de Vivienda.
Además, fuera de estos, se han acordado, también con entidades locales y comunidades autónomas 9.849 viviendas, más otras 14.000 que se construirán gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). «Vamos a alcanzar el objetivo del PRTR con 20.000 viviendas 2026», ha garantizado la ministra.
Otras 15.000 casas más
Asimismo, el Mitma también está movilizando la cartera social de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), con unas 15.000 viviendas ya habitadas y la intención de llegar a 28.000. Con la adenda aprobada, se espera que el Sepes desarrolle más de 15.000 viviendas.
«La adenda de hoy no va a ser la última. La vocación de este Gobierno y de Sepes es ir ampliando la cartera de actuaciones, las suyas y las que pueda ir acordando, con diferentes administraciones y con el sector privado», ha agregado.
Sánchez ha señalado que también se están ampliando las capacidades del Sepes para desarrollar suelos que normalmente son titularidad de los ayuntamientos y que «puedan ser puestos a disposición para poder promover vivienda en alquiler asequible». Así, ha puesto como ejemplo el acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata y la Junta de Extremadura para dar respuesta habitacional a la implantación de la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos.
También se ha referido a la cooperación con el Ministerio de Defensa, con distintos acuerdos para construir en suelos de Defensa, como el caso de la Operación Campamento, en Madrid, donde se desarrollará «una de las mayores actuaciones de regeneración espacio urbano» de Europa con la edificación de 11.000 viviendas asequibles. Otro de los ejemplos de los acuerdos con Defensa es la construcción de viviendas, dentro del plan de vivienda de alquiler asequible, en el Regimiento de Artillería, en Sevilla.
Sánchez ha insistido en que este Gobierno tuvo que «empezar de cero» para «intentar revertir un modelo de vivienda que ha marginado a muchas personas», y ha multiplicado los presupuestos para vivienda, al pasar de los 475 millones de euros destinados en el último año del PP a los 3.500 millones de euros del Ejecutivo de coalición.
Diferencias del Gobierno con UP por la Ley de Vivienda
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, cree que las diferencias con sus socios de Gobierno sobre la Ley de Vivienda, en concreto las relativas a los topes del alquiler, no son «escollos» sino «una de las cuestiones en las que se está trabajando» y en la que espera llegar a un acuerdo.
«Estoy convencida de que vamos a ser capaces de aprobar la Ley de Vivienda, la primera de la democracia, que debe sumarse a esos logros de este Gobierno de coalición. Estoy segura de que lo vamos a conseguir, más allá de esos últimos flecos que estamos ajustando», ha respondido Sánchez, preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Para tratar de quitar peso a las discrepancias, la titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha insistido en que el proyecto de ley está en el Congreso gracias a un acuerdo que salió del Gobierno de coalición.
Sánchez confía en que se pueda alcanzar pronto un acuerdo parlamentario para aprobar la Ley de Vivienda, y espera poder sumar con las fuerzas progresistas del Congreso. «El trabajo está, precisamente, en cerrar un acuerdo parlamentario sobre la Ley de Vivienda. Estamos ahí, en ese punto, en intentar cerrar esos acuerdos, con propuestas, con alternativas. Gracias al trabajo de los diferentes grupos parlamentarios, que está siendo muy intenso», ha añadido la ministra. Aunque la ley lleva ya meses en el Congreso, Sánchez ha manifestado su «esperanza» en llegar «próximamente a un acuerdo».