El sector inmobiliario catalán se planta ante la declaración de zonas tensionadas que ha anunciado la Generalitat como paso previo para topar los alquileres en 140 municipios de la región.
La Conselleria de Territorio de la Generalitat de Cataluña inició a finales de junio los trámites para declarar 140 localidades como zonas tensionadas. La mayoría de los pueblos y ciudades se encuentran en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), suman una población de 6,2 millones de personas (cerca del 80% de la población total en la autonomía) y tienen, según el Govern, un «especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda asequible».
Este plan es el que han recurrido diferentes asociaciones y entidades representativas de los profesionales y empresas del sector inmobiliario.
Según el comunicado oficial, el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya, el Consejo de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC), el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Catalunya y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE) han firmado un recurso de alzada, ante la consejera del Departamento de Territorio de la Generalidad de Cataluña, por la resolución de la Secretaría de Vivienda para declarar de forma oficial las zonas de mercado residencial tenso en la comunidad autónoma, paso previo para poder establecer límites a los precios del alquiler en las viviendas.
Las entidades consideran que la declaración es «contraria a lo que establece la ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda», y ya presentaron alegaciones el pasado 27 de julio.
Estas alegaciones, afirma el comunicado, «se centran en el incumplimiento del procedimiento establecido en la Ley de la Vivienda», como por ejemplo «la falta de una memoria justificativa por cada uno de los 140 municipios. Por qué motivo considera la administración que ese municipio en concreto debe ser declarado como ZMRT».
También alegaban la «carencia de un plan específico con las medidas necesarias para corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Es decir, qué actuaciones (públicas, privadas y/o público-privadas) deberían llevarse a cabo en cada municipio en concreto para dar respuesta a las necesidades de vivienda». Y que «la selección de los requisitos para poder declarar formalmente una Zona de Mercado Residencial Tenso que recoge la resolución es sesgada y no corresponde a la definición que hace la Ley de la Vivienda en un tema tan sensible como calcular cuál es la carga en concepto de vivienda que pueden soportar las familias».
El recurso de alzada presentado por las entidades en vía administrativa es previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo.
Aplicar cuanto antes el límite de las rentas
El pasado 6 de junio, el Govern anunció que había iniciado la actuación preparatoria para definir las zonas de Cataluña en las que se limitará el precio de los alquileres residenciales previsto en la Ley de Vivienda que entró en vigor el pasado 26 de mayo.
Este trámite previo es «necesario para declarar las zonas de mercado residencial tensionadas en aquellos ámbitos territoriales donde existe un riesgo de oferta insuficiente de vivienda asequible», según explicó el Gobierno regional.
Según detalló la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, la voluntad del Govern es aplicar la nueva ley lo antes posible. “Se han perdido demasiados meses en una decisión que no beneficiaba ni a las familias trabajadoras, ni a los jóvenes ni a las personas mayores, y es por eso que con la máxima celeridad posible el Gobierno de Cataluña vuelve a poner la maquinaria en marcha porque la limitación del precio del alquiler vuelva a estar vigente”, ha insistido.
En qué consiste la declaración de zona de mercado residencial tensionado
Una de las principales medidas de la Ley de Vivienda establece el control de los alquileres en aquellas zonas que se declaren tensionadas. Pero esta actuación depende del trabajo, primero de los ayuntamientos, y luego de las CCAA para elaborar un estudio sobre la situación del mercado que se pretende intervenir para elevarlo al Gobierno Central.
Recordamos que esa memoria debía incluir si el mercado se podría declarar tensionado cumpliendo uno de estos desequilibrios evidentes:
a) Que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.
b) Que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado, un porcentaje de crecimiento acumulado al menos 3% superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo (IPC) de la CCAA correspondiente.
El trámite seguía con el envío del informe y su resolución a la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que con carácter trimestral, aprobaría y publicaría la relación de zonas de mercado residencial tensionado. La vigencia de la declaración de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado sería de tres años, pudiendo prorrogarse anualmente. Algo que todo parece indicar que no va aplicar casi ninguna CCAA, sobre todo tras los resultados electorales del 28M.