La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha aprobado el proyecto de ley por el que se crea la nueva Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, un nuevo organismo que unificará los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias.
El texto ha contado con el apoyo de los 21 votos que atesoran PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu. Por su parte, PP y Junts se han abstenido, mientras que Vox ha rechazado el texto.
Ahora, el informe se elevará al Pleno de la semana que viene para aprobarse de manera definitiva en la Cámara Baja. Después irá al Senado, donde proseguirá los mismos trámites de Ponencia, Comisión y Pleno. En caso de introducirse nuevas enmiendas en la Cámara Alta, el documento volvería a la Carrera de San Jerónimo para dar el visto bueno definitivo antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Ya se preveía que el texto se aprobase este jueves sin inconvenientes. De hecho, en la comisión se ha apreciado un tono de consenso en torno al proyecto de ley, que ha incorporado un buen número de enmiendas transaccionadas con diferentes grupos parlamentarios como el PNV, ERC, el BNG y hasta el PP.
Eso sí, en la intervención previa a la votación de enmiendas y del dictamen de la ponencia, el diputado del PP, Miguel Ángel Paniagua, ha cargado contra el proyecto de ley y contra la tramitación del mismo, aunque finalmente se ha abstenido.
Begoña Nasarre, del PSOE, ha recogido el guante de la intervención de Paniagua y le ha espetado la posición de su grupo, al que se ha referido como el «partido del no». «Si por ustedes fuera, no se tramitaría nada en esta Cámara», les ha dicho. Asimismo, ha defendido que el organismo supondrá una mayor protección de la defensa de los clientes financieros.
Podemos y Ciudadanos agradecen al Gobierno las negociaciones
El portavoz en la Comisión de Asuntos Económicos de Unidas Podemos, Txema Guijarro, ha señalado que el trabajo parlamentario «ha contribuido a mejorar el texto». De hecho, ha llegado a «aplaudir» la «buena voluntad» la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y también de su ‘número dos’, Gonzalo García Andrés.
En lo que respecta a Ciudadanos, Edmundo Bal ha subrayado estar «bastante» satisfecho con la actitud negociadora del Gobierno, que ha propiciado un documento que se ha «mejorado sustancialmente» con respecto a lo que se aprobó en Consejo de Ministros.
Hasta Vox, que no defiende la creación de este nuevo organismo y ha votado en contra, ha llegado a alabar que la Comisión de Asuntos Económicos trabaja «especialmente bien» en un ambiente de «colaboración».
En su intervención, eso sí, el portavoz Rubén Manso ha afeado al Gobierno a «abusar mucho» de utilizar la tramitación de «cualquier ley para modificar cualquier cosa», en referencia a introducir cambios legislativos que no tienen que ver con la materia en cuestión.
Fedea pone en duda la utilidad
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha puesto en duda la utilidad de la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero como vía para resolver los conflictos de los ciudadanos con entidades que prestan servicios financieros, centralizando así los servicios de reclamaciones que actualmente están a cargo de Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
«Antes de crear otra burocracia con funciones parajudiciales convendría haber revisado la organización del sistema judicial propiamente dicho (…), con vistas a mejorar su eficacia en la resolución de conflictos, máxime al considerar que añadir una nueva instancia de resolución alternativa de conflictos (…) puede tener efectos complejos y contraintuitivos sobre la frecuencia, tanto de la litigación como del acuerdo voluntario entre las partes», ha indicado el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Benito Arruñada, en la nota que ha publicado Fedea.
Según el catedrático, las empresas tienen incentivos a mantener su reputación, por lo que ,»generalmente», tenderán a no explotar a sus clientes a pesar de estar en posición de hacerlo. Así, una solución más eficiente es elevar la competencia de los mercados, para evitar que se puedan producir estos posibles abusos.
Federa considera «ilusorio» que se pretenda resolver los problemas del sector público creando nuevos órganos que reproducen la estructura organizativa de los órganos ya existentes, basada en una «burocracia funcionarial», sin intentar la reforma de estos últimos.
Así, el catedrático ha criticado que la propuesta mantenga la vigilancia de la solvencia en Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros al tiempo que se centraliza la supervisión de la conducta en un órgano de nueva creación. «Esta solución puede acabar padeciendo los vicios de captura, descoordinación y deseconomías de escala», ha afirmado.
Fedea considera «preferible» que la supervisión prudencial de la solvencia estuviera encomendada al Banco de España y la CNMV se encargara de todo lo relacionado con la conducta, en ambos casos para todo tipo de entidades financieras.
La Fundación ha criticado también el diseño del modelo de financiación de la Autoridad, que prevé una tasa de 250 euros por reclamación, independientemente de la resolución de esta (aunque este modelo ahora está a debate en el Congreso).
«Sería razonable establecer un sistema de financiación que motivase una conducta eficiente por ambas partes, entidades y clientes», ha defendido el catedrático de Fedea, que ha pedido que las tasas varíen en función del coste y el beneficio social que ocasiona la resolución de cada conflicto.
Según sus últimas cuentas presentadas, el presupuesto de Fedea para 2022 era de 1,17 millones de euros, de los cuales más de dos tercios (806.000 euros) procedió directamente de su patronato. Entre los patronos de Fedea se encuentran Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Mapfre y Corporación Financiera Alba, entre otros.