El anuncio de adelanto de elecciones generales realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la consecuente disolución de las Cortes Generales este mismo martes impedirá la tramitación y aprobación definitiva del proyecto de ley por el que se crea la Autoridad del Cliente Financiero.
El proyecto de ley se aprobó este mes en el Pleno del Congreso con una holgada mayoría y fue enviado al Senado para rematar su tramitación, pero eso ya no será posible por la disolución de las Cámaras para que puedan celebrarse las elecciones generales el domingo 23 de julio.
La ley consistía en la creación de una nueva agencia de supervisión que venía a unificar los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias. De hecho, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, llegó a decir que este organismo era «muy esperado» y había conllevado «mucho trabajo» con diferentes ministerios, la industria y asociaciones de clientes financieros.
Pero no es este el único proyecto de ley económico que decae con la disolución de Cortes. Son también los casos de la Ley de Movilidad Sostenible, de Función Pública y de la creación de un organismo para investigar accidentes e incidentes en trenes, aviones y barcos; que ya habían recibido las enmiendas al articulado de los grupos para su tramitación parlamentaria.
Esto sucede también con aquellos decretos que aunque entraron en vigor se aceptaron tramitar después como proyectos de ley, con la intención de poder incluir enmiendas al articulado.
Esto pasa con la reforma del sistema de pensiones, con los decretos anticrisis, del Plan ‘+ Seguridad para tu energía’, de mejora de las condiciones de trabajo en personas trabajadoras al servicio del hogar y de nuevo sistema de cotización para autónomos. También cabe recordar que el Gobierno tenía previsto aprobar «de inmediato» la Ley de Industria en Consejo de Ministros para su posterior envío a la Cámara Baja.
Con todo ello, en clave económica ha sido la prórroga de la ‘excepción ibérica’ en el gas y la Ley de Vivienda la última aprobada en esta Legislatura. Una normativa cuya medida estrella es el tope a los alquileres en zonas tensionadas y que, sin embargo, se queda en papel mojado tras el resultado de las elecciones municipales y autonómicas celebradas este 28 de mayo.
Volviendo a la Autoridad del Cliente Financiero, la normativa establecía un sistema para premiar a los bancos que más acuerdos alcancen con sus clientes y castigue más a aquellos que menos cumplan, y establecía el cobro de una tasa anual que variará en función de la entidad y los acuerdos alcanzados.
El proyecto de ley también incluía otras modificaciones legislativas relativas al funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y en materia de subvenciones. Por ejemplo, se introdujo a última hora una enmienda para permitir a empresas morosas participar en subvenciones por encima de los 30.000 euros con cargo a los fondos europeos.
También se incluyó una nueva fórmula para flexibilizar la forma de financiación de los proyectos elegidos en el marco de las ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores, el conocido como Perte Chip.
Por otro lado, se incluyeron modificaciones relativas a garantizar una mejor atención en los bancos a personas con discapacidad y un mayor castigo en forma de multas para aquellas reclamaciones que se presenten con mala fe.