El INE nos acaba de mostrar una foto preocupante sobre la vivienda en España: 3,83 millones de viviendas vacías, frente a un mercado del alquiler muy tensionado, donde cada vez hay menos oferta. Gran parte de estas viviendas vacías lo están, por miedo a alquilar. El próximo Gobierno tiene la misión de solucionar este grave problema y nosotros proponemos que la garantía del Estado sea la llave para abrir las viviendas vacías al alquiler. Desde nuestra experiencia sabemos que los propietarios estarían dispuestos a que se regulen las rentas de alquiler, a cambio de que el Estado les garantice los impagos y destrozos de las viviendas
El nuevo Ejecutivo tendrá, si o si, que incentivar fiscalmente, y aportar mayor seguridad jurídica a los propietarios que decidan poner sus viviendas en alquiler, es la mejor salida a la actual crisis de oferta que estamos viviendo. Esta es una propuesta clave para aumentar la oferta de viviendas en alquiler, cubriendo así la carencia actual de oferta. Esta propuesta la trasladamos en su momento al actual Gobierno, sin ninguna respuesta, haciendo oídos sordos a nuestras peticiones, que podemos afirmar son coincidentes con la totalidad del sector inmobiliario.
Viviendas vacías por miedo a alquilar
La actual situación de inseguridad jurídica reinante, los larguísimos, costosos y farragosos procesos a los que hay que acudir para la recuperación de las viviendas, en casos de impagos, están fomentando el cierre de muchas viviendas, que ni se venden, ni se alquilan. Visto los antecedentes que ocurrieron durante la pandemia (durante la que aumento mucho la oferta y los precios cayeron), si un número elevado de estas viviendas salen al mercado, equilibrarían la actual escasez de oferta, que, ante una alta demanda, haría bajar el precio de los alquileres.
La garantía del Estado como llave para abrir las viviendas vacías al alquiler
Por lo tanto, la urgencia habitacional que vivimos actualmente no puede esperar a un proceso laborioso de cambio de leyes para aportar mayor seguridad jurídica al sector, y mucho menos a un despilfarro de dinero público para construir miles de viviendas que tardarán años y años. Es necesario un acercamiento a esos propietarios de viviendas vacías (3,83 millones) donde el Estado figure como garante para el arrendador, y sea la llave definitiva para abrir las viviendas vacías al alquiler.
En este sentido, propongo 4 puntos clave y que se desarrollarían de la siguiente manera:
- Que el Estado o las Administraciones intervinientes, aporten la seguridad jurídica al arrendador, en el cumplimiento de las obligaciones arrendaticias de los inquilinos, tanto en el pago de las rentas, como en las deficiencias que pudieran existir a la marcha de estos.
- El compromiso obligacional de los propietarios arrendadores, de que, a cambio de obtener esas garantías Públicas, saquen las viviendas al mercado del alquiler a precios regulados o asequibles.
- Estas medidas deberían ir acompañadas de líneas de financiación a los propietarios de las viviendas que necesiten reformas, para que se puedan rehabilitar las viviendas. El Estado o las Administraciones Públicas que costeen esas reformas, irían recuperando sus costes, a través de las rentas que abonen los inquilinos.
- Y por supuesto, todas estas medidas, deben ir acompañadas de una verdadera voluntad política para acabar con la ocupación. En este sentido, recuerdo las medidas que ya hemos propuesto desde ANA, para luchar de forma más eficaz contra la ocupación. Medidas como:
- Modificar el art. 37 de la LAU, para que los contratos de arrendamiento tengan que formalizarse únicamente por escrito para que desplieguen todos sus efectos. También que sean incluidos en un Registro público de contratos, como los que ya existen en las distintas CCAA. Y que en estos Registros se verifiquen los títulos de propiedad de los arrendadores. De esta forma, si los contratos presentados por los ocupas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para justificar las posesiones, no cumplieran estos requisitos ni estuvieran inscritos, se les podrían desalojar sin demora.
- Aumentar los plazos a 72hs para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, puedan actuar sin autorización judicial para desalojar a los okupas que no acrediten un título valido para la ocupación.
- Modificar el art 13 de la Ley de enjuiciamiento criminal para que los jueces admitan con más frecuencia las medidas cautelares solicitadas para el desalojo de los okupas, ante la presentación de títulos falsos.
- Al igual que, se habiliten penas de prisión de hasta 1 año, para los ocupas que comenta delitos de usurpación de viviendas.
De esta manera podríamos, incluso, evitar o reducir las cuantiosas y costosas inversiones que ahora se quieren hacer para paliar esta escasez de viviendas destinadas al alquiler, construyendo miles y miles de viviendas. Si las viviendas ya las tenemos, para que construir más, despilfarrando el dinero público. Lo que tenemos que hacer, a través de aportar mayor seguridad jurídica y medidas fiscales, es acercarnos a los dueños de esas viviendas para que las pongan de nuevo en el mercado, en lugar de penalizarles por tener las viviendas vacías, que es lo que pretende la actual ley de la vivienda.