La formación que encabeza Yolanda Díaz ha presentado su programa electoral ‘un programa para ti’ con 185 páginas que recogen todo tipo de propuestas económicas y sociales. Sumar ha propuesto constituir en menos de 10 años un parque residencial de dos millones de viviendas sociales en alquiler, a razón de 200.000 inmuebles al año.
La idea de la formación es destinar a este parque un gasto sostenido del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de media, lo que podría rondar los 10.000 millones de euros. A juicio de Sumar, este parque público sería la «clave estructural» para garantizar el derecho a una vivienda «adecuada y asequible».
Y es que, según ha explicado la portavoz de vivienda de Sumar, Alejandra Jacinto, el parque de vivienda público actual está «muy envejecido» y es «muy ineficiente» en materia energética. «Este parque público será la clave estructural para garantizar el derecho a una vivienda adecuada y asequible», ha destacado Jacinto.
En este plano, Sumar quiere revertir un parque de viviendas «pírrico» y construir uno «a la europea», para lo que sería necesaria la cooperación entre las diferentes administraciones y se movilizarían viviendas vacías, y se aumentaría la oferta pública mediante la compra de viviendas ya construidas mediante el tanteo t retracto, o se construirían donde fuera necesario.
Medidas para aliviar la carga hipotecaria
A esto se suma la problemática del difícil acceso a la vivienda en un entorno de subidas de tipos de interés y del precio de los alquileres. Para ello, proponen el bono para hipoteca, adelantado por Yolanda Díaz.
Este bono de emergencia para la compra de su vivienda habitual va dirigido a los hogares hipotecados a tipo variable, que sufren el fuerte alza de los tipos de interés del BCE. La cuantía del bono será de 1.000 euros por hogar y ayudará a sufragar una parte del aumento de la hipoteca.
«Beneficiará a los hogares que se hipotecaron a tipo variable en los últimos 10 años por un importe de hasta 250.000 euros, y un precio de compra de hasta 300.000€ euros, que son los que tienen una mayor carga de intereses (un millón de hogares) con un coste global de 1.000 millones de euros que se financiarán con cargo al impuesto extraordinario a la banca», aclara la formación en su programa electoral.
A hilo de la subida de tipos y el consiguiente aumento de la cuota de las hipotecas a tipo variable, pretenden establecer de forma obligatoria la portabilidad de hipotecas a tipo fijo. «Las rápidas, contundentes y permanentes subidas de los tipos de interés que ha llevado a cabo el BCE están provocando incrementos de las cuotas hipotecarias inasumibles para muchos hogares con hipotecas a tipos variables. Esta propuesta (…) pretende romper el corralito de hipotecados en cada banco que ha logrado el sector para maximizar beneficios», afira el documento programático.
Se trata, por tanto, de promover la portabilidad de hipotecas, por novación o subrogación, obligando a que las entidades de crédito publiquen en la CNMC sus ofertas de crédito hipotecario junto a los perfiles asociados para que cada cliente pueda decidir saltar al que se ajuste mejor a sus características y posibilidades.
Medidas en materia de alquiler de viviendas
En cuanto al mercado del arrendamiento, aspiran a mejorar el funcionamiento y la información sobre los alquileres a través de dos vías. La primera es mejorar el conocimiento sobre la evolución de los alquileres estableciendo un pago mensual a cuenta en el IRPF del 0,1% de los ingresos percibidos por ellos, para conocer con precisión casi censal y en tiempo real cómo evoluciona el precio de los alquileres en España.
El segundo es establecer unos precios de referencia para las zonas tensionadas equivalentes al 30% de la renta de los hogares que alquilan, eliminar las deducciones fiscales en el IRPF de los alquileres que se sitúen por encima del precio de referencia y establecer un recargo en el impuesto de sociedades para los fondos y empresas que alquilen viviendas por encima de los precios de referencia o los destinen a alquiler turístico.
Pretenden ir más allá de la Ley de Vivienda y habilitar al Estado o a las Administraciones Locales a instar a la CCAA que no lo haya hecho a declarar zona de mercado tensionado en los ámbitos geográficos que cumplan los requisitos que establece la Ley. “Aplicaremos así la regulación de alquileres a todas las zonas de mercado tensionado para garantizar la igualdad de todos los inquilinos en el ejercicio de sus derechos”, defienden en un punto que creará polémica ante la invasión de competencias autonómicas.
Mientras que el actual sistema de bonificaciones fiscales se aplicará solo a los propietarios que alquilen sus viviendas al precio igual o por debajo del índice de referencia, establecido en función del 30% de los ingresos de los hogares que alquilan.
En estas zonas de mercado tensionado se plantea condicionar la compraventa de una vivienda a que se cumplan ciertos requisitos como que el comprador resida en la misma, la destine a alquiler habitual de larga duración o a un alquiler protegido. Adicionalmente se estudiarán medidas ‘antiflipping’ para transacciones corporativas.
Además, se establecerán limitaciones al alquiler turístico, de habitaciones y de temporada para que no se conviertan en una opción que sortee la aplicación de la Ley de Vivienda. Se regulará el parque de viviendas turísticas en las ciudades. «Estableceremos límites a las plazas hoteleras en función de la capacidad de carga ecológica y social de los territorios y desarrollaremos un paquete de tasas turísticas que sirvan para garantizar el derecho al lugar de sus habitantes».
Rehabilitación y transición energética
En materia de rehabilitación y transición energética, pretenden rehabilitar 500.000 viviendas al año, abordando el aislamiento térmico así como la instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente eficientes con «el objetivo es que cada vivienda rehabilitada reduzca en un 50% la demanda de energía y ahorre un promedio de 400€ anuales en la factura del consumo energético».
El compromiso de Sumar es la adaptación y la mejora del parque de viviendas de España en un horizonte de 15 años, prohibiendo al venta del patrimonio público de suelo y viviendas.
Los recursos necesarios para la financiación de la rehabilitación como de la ampliación del parque público se haría a través del Banco de Inversión para la Nueva Economía (BINE), un ente público de inversión, en línea con modelos implantados en Alemania.
Fiscalidad sobre las empresas inmobiliarias, mundo rural y vivienda social
En materia fiscal sobre las empresas inmobiliarias, se condicionarán los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades para las socimis, EDAVS, y las sociedades y fondos de inversión inmobiliarios en función del valor social y la aportación al interés general de los proyectos que realicen. Se impulsarán modificaciones fiscales similares en el IRPF para los particulares que arriendan, y se reducirá el IVA para proyectos de vivienda de alquiler social y asequible.
También se incentivará la construcción de vivienda nueva o reforma de viviendas en desuso en el mundo rural, fomentando el cambio de los jóvenes a entornos rurales.
Además, en materia social, se impedirá el corte de suministros a las familias y personas en situación de vulnerabilidad; se creará un fondo de recuperación urbana, ambiental y social de barrios para la rehabilitación integral de edificios residenciales y viviendas. Además, se impulsarán políticas públicas destinadas a erradicar el chabolismo y la infravivienda. Entre ellas, la creación de un programa estatal para los barrios vulnerables.
Más IRPF para rentas altas, un ISyD mínimo y un impuesto permanente a las fortunas
Sumar ha propuesto, en el marco de su programa electoral, una reforma «en profundidad» del sistema fiscal español, que incluye el aumento de la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de tal manera que paguen más las rentas que superen los 120.000 euros, hacer efectivo el tipo del 15% sobre los beneficios de grandes empresas y establecer un mínimo en el conjunto de España para el impuesto sobre sucesiones y donaciones que las comunidades autónomas no podrán rebajar.
La formación que dirige Yolanda Díaz pretende dar un impulso a una profunda reforma del sistema fiscal español, para mejorar su progresividad y cerrar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea. «La reforma estará orientada a que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias», defiende el partido en su programa electoral.
En cuanto al IRPF, Sumar plantea un incremento en el número de tramos a partir de 120.000 euros y la aplicación de tipos marginales crecientes: del 45% marginal actual se subirá por tramos hasta llegar al 52% para rentas a partir de 300.000 euros.
En segundo lugar, la formación apuesta por seguir acercando los tipos de las rentas del ahorro a los de las rentas del trabajo. Este aumento afectaría a rentas del capital a partir de 120.000 euros para llegar, al menos, hasta un tipo del 30%.
Además, considera urgente eliminar el actual régimen de estimación objetiva y el régimen especial de IVA que este lleva asociado y eliminar aquellas deducciones del IRPF «sin justificación económica».
Sumar quiere implementar un impuesto a las grandes fortunas de forma permanente, reforzando además su progresividad, hasta llegar a tipos impositivos de al menos el 4% para los patrimonios más elevados.
El impuesto temporal de este tipo actualmente en vigor y aprobado por el Ejecutivo de coalición grava con el 1,7% a los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; con el 2,1% a los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y con el 3,5% a aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.
Dado que en un principio este tributo está pensado para gravar el patrimonio de las grandes fortunas durante los años 2022 y 2023, Díaz quiere hacer permanente este impuesto para acabar con la desigualdad y financiar medidas como la ‘herencia universal’ de 20.000 euros a jóvenes.
Sumar también quiere establecer un Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones mínimo en el conjunto de España que las comunidades autónomas no podrán rebajar. «Las herencias son una de las principales fuentes de desigualdad social», defienden desde la formación.
Además, Díaz plantea una reforma, en profundidad, del impuesto de sociedades para aumentar la contribución, en especial, de las grandes empresas. Como medida inmediata promete hacer efectivo el tipo del 15% sobre los beneficios de la empresa, en línea con lo planteado tanto por la OCDE como por la Comisión Europea.
De esta forma, ninguna empresa tributará por debajo de este umbral, con independencia de las deducciones, exenciones, reducciones y beneficios a los que tenga derecho.
Al mismo tiempo, Sumar plantea la reforma del impuesto debe limitar la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores; revisar y recortar las deducciones, exenciones y correcciones; limitar las exenciones de dividendos y plusvalías de sociedades por su participación en sociedades filiales; revisar las ventajas en la consolidación de cuentas de los grupos internacionales; concretar nuevos criterios para definir el concepto de sede de dirección efectiva; modificar la norma anti-deslocalización, introduciendo el concepto de ‘jurisdicción no cooperativa’ y concretando el criterio de ‘nivel impositivo efectivo considerablemente inferior’.
Mientras se aprueba e implementa completamente esta reforma integral del impuesto de sociedades, la promesa de la formación de Yolanda Díaz es mantener los impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas y financieras.
También se plantea una reforma de la normativa del impuesto de transacciones financieras, la llamada ‘Tasa Tobin’, para gravar también las operaciones «más especulativas» que actualmente no están sujetas a tributación. Así se incluirán no solo la compra de acciones, sino también los derivados financieros.
Eliminar privilegios a sicavs y socimis
Además, Sumar también quiere eliminar «los privilegios» de las sociedades de inversión de capital variable (Sicav, que disfrutan de gravamen del 1%) y de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi, que pagan el 0%).
Además, pretende llevar a cabo una reforma de la normativa del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) –cedido a ayuntamientos– para que los municipios que así lo decidan puedan establecer escalas según el valor catastral del bien para hacerlo progresivo.
De su lado, Sumar plantea un gravamen sobre los «suelos disponibles para urbanización ociosos». «Coordinaremos los patrimonios públicos de suelo (PPS) de las diferentes administraciones a través de un’banco de suelo’ con la capacidad de comprar suelos adicionales a los PPS a través de una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Otras medidas
Sin concretar cómo, Sumar promete la modernización de la imposición ambiental, para impulsar la obligatoria y urgente transición energética y la descarbonización de la economía, apostar por la sostenibilidad ambiental y obtener recursos adicionales.
Además, plantea el desarrollo de un plan de fiscalidad saludable, actuando en la implantación de un impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados no saludables y revisando los impuestos actuales al alcohol y el tabaco.
Por último, se promete la reducción del fraude fiscal y mejorar los instrumentos contra la corrupción, además de asegurar que todos cumplan con sus obligaciones tributarias, particularmente en lo que respecta a patrimonio y grandes fortunas.
Asimismo, Sumar asegura que se analizará de forma continua la economía sumergida y se procurará eliminarla; se creará una base de datos fiscales única compartida entre Administraciones; se igualará el plazo de prescripción administrativa y penal a cinco años o diez años en los casos de delitos agravados, y se unificarán los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales y delitos agravados y se equiparará la plantilla de la Agencia Tributaria a la media de los países europeos del entorno.
Subir el SMI y reducir la jornada laboral
Otra propuesta del partido es subir el salario mínimo interprofesional por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) anual «para mantener la ganancia de poder adquisitivo de las personas que lo cobran» y establecer por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales en 2024.
De la misma forma, la formación que encabeza Yolanda Díaz recoge en su programa la garantía de la suficiencia de las pensiones y refuerzo del sistema público. Durante esta legislatura se ha garantizado por ley la actualización automática de las pensiones de acuerdo con el crecimiento del IPC para asegurar el poder adquisitivo de las mismas.
«Este compromiso se mantendrá de forma absoluta, pero además se subirán por encima del IPC las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas, hasta que su cuantía alcance, al menos, el umbral de la pobreza», ha avanzado la formación.
El programa electoral también incluye la «reordenación del tiempo de trabajo», incluyendo la reducción y la distribución de la jornada laboral, pero sin reducción de salario. Además, se quiere hacer hincapié en el mejor control de las horas extras y su compensación con tiempo libre, en eliminar los horarios variables sin control, en regular los horarios de los servicios públicos y en procurar una gestión más flexible de la distribución de la jornada anual o del tiempo a lo largo de la carrera profesional de las personas, incluyendo el contrato de relevo.
También el partido tratará de trasladar el mayor número de días no laborables a los lunes, tanto para facilitar un mejor disfrute del ocio como por razones de organización de la producción.
Medio millón de empleos verdes
En su programa, los de Yolanda Díaz también hacen especial hincapié en la transición ecológica y en su potencial para generar empleos verdes. Más concretamente, Sumar quiere que España sea una de las «grandes potencias verdes de Europa».
En este marco, en su programa la formación apunta que se podrían generar hasta 500.000 empleos en actividades como la electrificación de vehículos, la construcción sostenible y la rehabilitación de edificios en materia energética.
Instrumentos para intervenir los mercados
De su lado, el programa incluye el impulso de la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios y establecer una cesta de la compra básica a precios asequibles. «Garantizaremos los instrumentos necesarios para intervenir directamente en mercados afectados por prácticas desleales o no competitivas, que pongan en peligro los suministros o provoquen inflación y sobrecostes para los hogares y para otras empresas», asegura la formación.