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Las patronales critican la redefinición de gran tenedor en Cataluña: «Habrá menos pisos en alquiler»

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La Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) y la patronal Foment del Treball han asegurado que la nueva definición de gran tenedor anunciada por el Govern de Cataluña, que supone bajar de 10 a cinco los inmuebles para considerar como grandes tenedores a los propietarios, «imposibilitará el acceso a la vivienda«.

«Agravará aún más el acceso al mercado de la vivienda, provocando la retirada de pisos de la oferta en alquiler para ir a la venta, justo el efecto contrario al que se necesita», han considerado en un comunicado conjunto.

Para estas patronales, la nueva definición de gran tenedor es una «decisión política que incrementará la inseguridad jurídica» y han apostado por la colaboración de los entes públicos y privados para incrementar el parque de vivienda asequible y social.

La consellera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella, anunció el pasado miércoels la resolución de las alegaciones a la memoria catalana de la Ley de Vivienda del Gobierno en las que destacó la inclusión de dos medidas: la reducción de 10 a cinco los inmuebles para considerar como grandes tenedores a los propietarios en aquellas zonas que se declaren de mercado residencial tensionado, pero que no se aplicará para los promotores sociales que alquilen sus viviendas.

La consellera ha detallado que ha habido un total de 50 alegaciones que trataban cuatro ejes: la imposibilidad de aplicar la Ley en Cataluña; la compensación económica a los propietarios; la consideración de los promotores sociales como grandes tenedores, y el cambio de definición de los grandes tenedores.

Los siguientes pasos a seguir son que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) «debería avalar la memoria» que la Generalitat ha presentado este miércoles y ha dicho que la Ley de Vivienda podría entrar en vigor en Cataluña en agosto.

En paralelo, el Parlamento catalán votará el próximo 1 de septiembre si se interpone ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda.