El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (Coapi) ha pedido en un carta abierta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que la inversión del Estado que respalde los Planes de Vivienda sea del 0,6% sobre el PIB, es decir, de 8.000 millones de euros.
«Necesitamos presupuestos estatales que respalden los Planes de Vivienda y las leyes que se promulgan. Las leyes sin los fondos económicos que las sustenten son puras quimeras… Basta con analizar la gráfica histórica de inversión en vivienda para darse cuenta de que, sin incluir los fondos europeos ‘Next Generation’, el esfuerzo presupuestario anual se sitúa en un importe de tan solo 1.000 millones de euros«, explica el presidente de la asociación, Gerard Duelo Ferrer.
La partida de ‘Acceso a la vivienda y Fomento de la Edificación’ de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 alcanzó los 3.472 millones de euros. Un importe que superó en un 5,4% a la presupuestada en 2022 y que se convirtió en la mayor de la historia. No obstante, cabe recordar que buena parte de ese presupuesto procede de los fondos europeos (en concreto, 2.480 millones de euros), frente a los 992 millones de euros que proceden de fondos nacionales.
En esta misma misiva, el presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) ha manifestado que la «grave situación que sufre el sector de la vivienda es consecuencia de políticas no implementadas o erróneas durante muchas décadas atrás. Las políticas en materia de vivienda deben planificarse a 15 o 20 años, y no basarse en medidas cortoplacistas, generalmente limitadas a los intereses más inmediatos de quien gobierna», añade.
Asimismo, en la carta alerta de que son pocos los recursos estatales que se destinan al mercado de la vivienda. «Un hecho tan dramáticamente significativo como el de encontrarnos en el grupo de cola de los países de Europa en construcción y presupuestos estatales de Vivienda de Protección Oficial (VPO), debería sensibilizar mucho más a un gobierno progresista», ha indicado.
Por ello, ha señalado que «disponer tan solo del 1,5% de vivienda de protección oficial, cuando la media europea (UE-28) es del 9,3%, es lamentable. Hay países como Holanda, con gobiernos conservadores, que superan el 30% en vivienda de promoción pública».
Antes de las elecciones generales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez envió en mayo pasado el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas, en el que cada país europeo rinde cuentas ante la Comisión Europea sobre las reformas que prevé llevar a cabo y resume sus principales proyecciones macroeconómicas.
En el documento se recoge que no espera aumentar la inversión pública en vivienda en términos de PIB en los próximos años. El plan oficial pasa por destinar un 0,5% del PIB a vivienda y servicios comunitarios hasta 2026, la misma partida destinada tanto en 2021 como en 2022.
Para lograr revertir esta situación, el presidente de los API propone un gran pacto de Estado. «Se deben poner en marcha tanto políticas de promoción de vivienda asequible y social como de transformación y activación del suelo público, cuestiones que la nueva Ley ni incentiva ni aborda suficientemente», apunta.
Por último, advierte de que sin este pacto de Estado «no habrá sólidas alianzas público-privadas, indispensables para construir esos mínimos necesarios para evitar que las generaciones venideras se vean abocadas a retrasar aún más su emancipación o, incluso, se vean en situaciones de extrema precariedad».