La Ley de Vivienda ha eclipsado la nueva edición Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA). A la espera de su entrada en vigor inminente tras recibir el visto bueno de Las Cortes, autoridades políticas y diferentes voces del mundo inmobiliario han aprovechado la inauguración de la mayor feria del sector en España para poner sobre la mesa una de las normativas más controvertidas para el mercado de la vivienda en los últimos tiempos por medidas como el tope a los alquileres.
El Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Mitma), David Lucas, ha afirmado durante la visita institucional a la feria que, salvo sorpresa, el texto saldrá publicado en el BOE esta semana y ha defendido el contenido de esta normativa que ha estado más de un año encallada en el Congreso de los Diputados.
«A pesar de muchos que agoreros dicen que el sector puede entrar en crisis, veo al sector con muy buena salud, con muchas ganas de hacer viviendas, con muchas ganas de hacer ‘build to rent’ y con muchas ganas de hacer viviendas de protección y viviendas asequibles. Y, sobre todo, con la estabilidad que da la legislación española para que lo puedan conseguir. Eso es lo que estamos viendo«, ha recalcado.
El Secretario de Estado también ha insistido en que, con la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, se está produciendo un debate político y público sobre la normativa, pero que en materia de vivienda «hay muchísimas propuestas encima de la mesa, tanto de ayuntamientos como de autonomías, y por supuesto del Estado con 184.000 viviendas que estamos impulsando y vamos a impulsar en los próximos años. Creo que en ese campo el sector está muy cómodo y me ha trasladado».
Lucas ha asegurado que se siente «positivo y optimista», y ha recalcado que el Gobierno de Pedro Sánchez está «trabajando bien». Y ha criticado al principal partido de la oposición.»Estamos haciendo lo que quizá debíamos haber hecho en legislaturas anteriores del Partido Popular, que no se impulsó ninguna vivienda pública ni asequible. Eso lo estamos haciendo ahora y lo estamos haciendo pensando en hacer viviendas asequibles para los ciudadanos y además con una legislación estable que garantiza la seguridad jurídica«, ha relatado.
No refuerza la seguridad jurídica y penaliza la competitividad, según el sector
Sin embargo, políticos, inversores y economistas han dado una visión diferente de la normativa. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, en el marco de las conferencias dirigidas a profesionales del sector (SIMAPRO), se ha mostrado especialmente crítico con dos de las medidas que contempla la Ley de Vivienda: el límite a las rentas en zonas tensionadas y el recargo del IBI a las viviendas vacías.
«Madrid se ha convertido en la locomotora económica de España y del sur de Europa y en la ciudad no vamos a aplicar ni el tope a los alquileres ni vamos a incrementar el IBI a las viviendas vacías». Sobre el límite a las rentas, Fuentes ha insistido en que «no existe ni una ciudad en el mundo donde haya funcionado» y ha defendido que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) ha entregado 4.000 viviendas públicas en los últimos años. «Hacemos el 50% de la vivienda de proyección en España y hemos conseguido que la inversión se fije en Madrid», ha insistido.
Según Fuentes, la Ley de Vivienda supone una intervención del mercado, algo que ha calificado como «completamente erróneo», y ha puesto en valor la necesidad de que el sector público vaya de la mano con el privado.
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En esa misma línea, Carolina Roca, presidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASRIMA), ha detallado que la Ley de Vivienda, «en lugar de estructurar un pacto nacional a largo plazo, se limita a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Al final no es más que intervenir el mercado ante el estrepitoso fracaso de las políticas de vivienda recientes«. Según Roca, la normativa inclina la balanza a favor de los inquilinos, dejando a un lado a los propietarios.
Por su parte, Tomás Nicolau, director general de Sociedad de Tasación (ST), ha calificado el cambio normativo como uno de los retos a los que se enfrenta el sector inmobiliario próximamente, junto con la necesidad de mantener la seguridad jurídica para captar más inversión que permita construir más viviendas.
De seguridad jurídica también ha hablado Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research, quien ha insistido «con la Ley de Vivienda, no se han dado pasos para mejorar la seguridad jurídica en el sector«. Según las previsiones del servicio de estudios, este año la compraventa de viviendas caerá cerca de un 30%, hasta volver a niveles de 2019, mientras que los precios se mantendrán estables teniendo en cuenta el efecto de la inflación. En cuanto a la oferta de nuevas viviendas, espera un aumento cercano al 9%-10%.
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Desde el mundo de la inversión también se han lanzado a valorar la normativa. Lorenzo Peñalver, director de inversiones de la gestora Hines, ha confesado que su entrada en vigor «cambiará nuestra forma de analizar las inversiones y será más prudente». También ha recalcado que «lo más problemático de este tipo de leyes es la incertidumbre que no te permite hacer estimaciones en una inversión. Por eso nos hacemos más conservadores».
Respecto al mercado en general, el directivo asegura que una de las consecuencias de la Ley de Vivienda es que «vamos a perder competitividad respecto a otros países europeos y es una pena, porque España es uno de los países que más necesita vivienda asequible». Otra de las críticas que ha lanzado es que va a «crear ciudades a dos velocidades«, dependiendo de si se aplican o no medidas como la limitación de los precios del alquiler.
Pedro Soria, CCO de la tasadora Tinsa, también ha hablado sobre la normativa. «En España tenemos un problema estructural y necesitamos una Ley de Vivienda, pero no esta Ley de Vivienda. Lo que necesitamos es un consenso», ha insistido. Además, ha alertado de que la entrada en vigor del texto supondrá un ‘plus’ de complejidad en las tasaciones de los inmuebles. «Ahora hay que tener en cuenta si el propietario es o no gran tenedor, si la zona donde se encuentra es una zona tensionada y se pueden aplicar límites de precios… Al final habrá menos precisión en las tasaciones. En muchos casos nos pueden faltar datos, por lo que vamos a aplicar un criterio más restrictivo y el valor va a ser más bajo. Y el más perjudicado va a ser el pequeño inversor».