Podemos adelanta algunas medidas en materia de vivienda para su programa marco de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. La formación morada propone gravar con un nuevo impuesto del 20% del valor de la operación en caso de que una vivienda se compre y se venda en un periodo inferior a los dos años. Los ingresos del tributo se destinarían a aumentar el parque público de vivienda.
Unidas Podemos se lanza a por el llamado ‘flipping inmobiliario’, la compra de una vivienda para aplicar ciertas mejoras para luego venderla en un corto plazo de tiempo e intentar así lograr rápidos beneficios. La formación ha adelantado parte de sus iniciativas que presentará en próximo sábado de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.
En declaraciones remitidas a los medios del secretario de Programa de Podemos, Pablo Echenique, “si alguien quiere especular, que lo haga con diamantes o con acciones de empresas tecnológicas, pero no con la vivienda. Las casas son para vivir, no para especular y hacer caja”.
“Esta práctica conocida como ‘flipping’ inmobiliario tiene un carácter claramente especulativo y busca beneficios económicos en el muy corto plazo, tratando la vivienda no como un bien de primera necesidad sino como un activo financiero más”, afirman la formación actualmente en el Gobierno de coalición.
Este impuesto no se aplicaría en caso de concurran una serie de condiciones de fuerza mayor, como por ejemplo el cambio de domicilio o la mudanza a otra comunidad autónoma por motivos laborales.
En el escrito han comentado que lo que se pretende es desincentivar esta práctica y aumentar, de paso, la recaudación de las administraciones públicas para aumentar el parque público de vivienda social.
«Ya está bien que en España haya millones de jóvenes y de familias trabajadoras que tienen problemas para acceder a la vivienda, mientras otros juegan al ‘Monopoly’ con un bien básico destinado a cubrir un derecho humano».
La candidata de Podemos, IU y Alianza Verde a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha planteado la creación de una inmobiliaria pública madrileña para garantizar el derecho a la vivienda.
En Baleares también han propuesto cambiar la ley autonómica de vivienda para aumentar de siete a 20 años la expropiación temporal de uso de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores para destinarlos a alquiler social.