La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) avanza en la desinversión del ingente patrimonio que adquirió de las antiguas cajas de ahorro y sus filiales. En una nueva iniciativa, ha contactado con más de 520 ayuntamientos para ofrecerles la posibilidad de comprar terrenos en sus localidades en condiciones ventajosas.
En total son 4.770 suelos cuyo fin, en su mayoría, es para uso social. Solares dotacionales, donde poder levantar centro de salud, parques infantiles, zonas verdes o aparcamientos.
Hay algunos solares, que no ha especificado, donde la normativa permite la construcción de alojamientos para familias vulnerables o de trabajadores agrícolas temporeros.
“Los suelos seleccionados por Sareb proceden de las antiguas 24 cajas de ahorro que transfirieron sus activos a Sareb y están repartidos en municipios de distinto tamaño de 16 comunidades autónomas”, aclara la nota de Sareb.
En septiembre de 2023, Sareb firmó un acuerdo de adhesión con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para impulsar la vivienda pública en alquiler durante los próximos cuatro años. Esta colaboración ha permitido abrir nuevas líneas de comunicación con los ayuntamientos.
La relación de Sareb con las Administraciones Públicas se amplía así, ya que la sociedad ya tiene firmados convenios para la cesión de vivienda para alquiler social o la capacidad de compra preferente de sus viviendas para aumentar el parque público de alquiler social y asequible.
Desde que el FROB tomo la mayoría del capital social de la compañía en 2022, la Sareb se ha convertido en uno de los instrumentos del Gobierno para sacar adelante la iniciativa de ampliar el parque público de viviendas.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de abril la movilización de 50.000 viviendas procedentes de Sareb para dedicarlas al alquiler asequible, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
De ellas, 14.000 ya se encuentran alquiladas, aunque la mayoría necesitan ser regularizadas, mientras se promoverá la construcción de otras 15.000 en suelos públicos en los próximos años mediante convenios público-privados de las AAPP (CCAA y Ayuntamientos). Las 21.000 unidades restantes son viviendas ya terminadas de la entidad pública, aunque solo 9.000 estarían disponibles para alquilar.
Las restantes 12.000 viviendas necesitan una adecuación previa, entre obras, reformas o rehabilitación, para ofrecerlas a la venta a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, y que estas administraciones las compren y las ofrezcan en alquiler.