La Generalitat Valenciana sigue lidiando con uno de los principales problemas en su parque de vivienda pública: la okupación. Así, mientras al inicio de la legislatura se contabilizaban cerca de 1.300 viviendas con inquilinos de forma irregular de las 14.600 unidades que conforman el parque público que gestiona la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), ahora son cerca de 1.800, 189 okupaciones nuevas.
De estas casas okupadas, 19 fueron en pisos ubicados en Castellón, 107 en Valencia y 63 Alicante. Esta cifra supone un 33% más que en 2021, lo que llevó a iniciar los correspondientes expedientes administrativos para su desalojo, siempre con el conocimiento y la participación de los servicios sociales del municipio, según consta en la memoria de gestión de la entidad pública del pasado ejercicio 2022.
La entidad continuó con la política iniciada en 2015 de no tolerar nuevas entradas ilegales en viviendas sociales, ya que vulneran los derechos de las personas que están registradas en la lista de demandantes de viviendas y, además, impiden la adecuación y rehabilitación del parque inmobiliario público. Asimismo, para prevenir e intentar minimizar este tipo de casos, la EVha explica que se ha intensificado la colaboración con los servicios sociales municipales con el fin de buscar la mejor alternativa habitacional para aquellos casos de personas o familias en riesgo extremo de exclusión social, según ‘Valencia Plaza’.
Ante esas circunstancias, se activó en 2017 un programa de regularización de ocupantes sin título para la adjudicación excepcional de inmuebles, analizando caso por caso. Eso sí, en base a una serie de criterios objetivos como acreditar la situación de vulnerabilidad y tiempo de ocupación; si son familias numerosas; hijos menores, o víctimas de violencia de género.
Para detectar okupaciones y evitar nuevas entradas de forma irregular, la EVha realiza inspecciones anuales con un doble objetivo. Por un lado, en las viviendas cedidas se comprueba su uso como residencia habitual y permanente por parte de los adjudicatarios y, por otro, en las viviendas recuperadas se vigila su situación mientras se realizan los trámites de reparación y adjudicación para evitar nuevos asaltos.
Así, a lo largo del pasado ejercicio de 2022 se llevaron a cabo 15.247 comprobaciones, de las que 1.068 fueron en inmuebles en Castellón; 6.131 en Valencia y 8.048 en Alicante. Además, como medida disuasoria para intentar evitar el problema, la EVha instaló 200 alarmas para reforzar aún más la vigilancia en el parque público.