El Congreso retoma este martes la tramitación parlamentaria de la Ley de Vivienda tras haber cerrado el Gobierno un acuerdo con Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu para, entre otros puntos, consolidar el tope a la subida del alquiler y rebajar de diez a cinco inmuebles el concepto de grandes tenedores.
En concreto, la ponencia de la Comisión de Transportes se reunirá este martes a puerta cerrada para estudiar las enmiendas de una normativa que llevaba bloqueada en la Cámara Baja más de un año. Una vez concluido este encuentro, la norma pasará a debatirse en comisión, ya en sesión pública, para posteriormente votarse en el Pleno del Congreso de la próxima semana o ya en mayo y remitir el texto al Senado.
Es previsible que en la reunión de Ponencia de este martes se incluyan algunas enmiendas al texto original que previamente ya han sido pactadas entre PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. Una de las propuestas más significativas es el tope a la subida del alquiler, de un 2% este año, un 3% en 2024 y un nuevo límite por debajo del IPC a partir de 2025.
Con estas enmiendas también se modificarán las causas por las que un territorio pueda ser declarado como área de zona tensionada. Así, estas zonas serán finalmente declaradas cuando la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media del hogar, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado en al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración del área tensionada.
Bastará con que se cumplan una de las dos condiciones para que el área adquiera esta calificación. En estas zonas, si los propietarios quieren prorrogar un contrato a un inquilino, este nuevo alquiler mantendrá de manera obligatoria las mismas condiciones que el contrato anterior durante un periodo máximo de tres años. No obstante, la declaración como zona tensionada siempre corresponderá a la comunidad autónoma.
Se probíben los desahucios ‘sine die’
Por otro lado, el acuerdo del Gobierno con ERC y Bildu incluye la prohibición de los desahucios sin fecha y hora predeterminada, así como nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento. Este último punto aplazará los procesos más de dos años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables.
Otro aspecto clave del acuerdo es que los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. En concreto, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no estuvieran acordadas previamente.
En este sentido, para aplicar un incremento en el precio del alquiler por la elaboración de una reforma en la vivienda, dicha reforma tendrá que superar el 10% del valor de compraventa de la casa. Según ha explicado Matute, con esta medida han querido subsanar esta forma de subida de alquileres, una «picaresca», ha dicho, aplicada en el entorno europeo.
Aprobación en víspera de elecciones
De hecho, se trata de una de las leyes clave de la legislatura que negociaron PSOE y Unidas Podemos, que han logrado acercar posturas finalmente con algunos socios del bloque de investidura en víspera de las elecciones del 28M.
La norma fue uno de los compromisos que alcanzaron los dos socios de coalición en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, pero motivó también una intensa negociación donde PSOE y Unidas Podemos tuvieron que limar diferencias hasta que se aprobó en Consejo de Ministros en febrero de 2022.
Una vez que el texto llegó al Congreso, tuvo que superar un debate de totalidad en marzo y tardó otros dos meses más para que se abriera el plazo de presentación de enmiendas parciales. Todo ello a pesar de que PSOE y Unidas Podemos pidieron que la ley se tramitara por la vía de urgencia.
En ese trámite de enmiendas volvieron a surgir divergencias, dado que Unidas Podemos presentó enmiendas parciales al texto, bajo el argumento que sin incorporar más avances en la norma no sería aceptada por ERC y Bildu, cuyos votos son claves para sacar adelante el texto. Mientras, el PSOE afeó que salieran del marco que se había consensuado en el seno del Ejecutivo, pero también trazó contactos con las fuerzas independentistas.
No sería hasta enero de 2023 cuando el Congreso retomó la tramitación de la ley, en una primera fase de ponencia de menos de media de hora de duración. A partir de esta fecha se produjeron reuniones discretas para tramitar la norma que parecía llegar a buen puerto. Tres meses después, los grupos mayoritarios del Gobierno han conseguido alcanzar un consenso para acercarse a la aprobación definitiva de la normativa en el Congreso.