El Congreso decidirá este martes si comienza a tramitar una proposición de ley para modificar la ley estatal de Arrendamientos Urbanos (LAU), con el objetivo de darle capacidad normativa a las comunidades autónomas para que puedan poner un tope a los precios del alquiler en zonas tensionadas. Esta votación se producirá en plena polémica en el seno del Gobierno de coalición por la Ley de Vivienda.
La proposición de ley que verá mañana el Congreso viene del Parlamento de Baleares, donde fue impulsada por Més per Menorca, y salió adelante gracias a los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, Més per Mallorca y el Grupo Mixto.
En concreto, la iniciativa viene a modificar los artículos 10 y 17 de la ley de arrendamientos urbanos, en lo relativo a la prórroga del contrato y en darle capacidad normativa a los Gobiernos autonómicos para que puedan poner un límite en el precio del alquiler en aquellas zonas que se encuentren tensionadas.
Según el texto de la proposición de ley, al que ha tenido acceso Europa Press, se propone este régimen de limitación del precio del alquiler con un régimen sancionador y un sistema de resolución extrajudicial de conflictos producidos entre arrendadores y arrendatarios.
Cómo declarar una zona tensionada
Además, plantean que la declaración y la vigencia de una zona de mercado residencial tensionado establecida en esta norma requerirá de la elaboración de una memoria que la justifique, «a través de datos objetivos y fundamentada en la existencia de un especial riesgo de abastecimiento insuficiente de vivienda para la población residente».
«La declaración, de acuerdo con este procedimiento, de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado conllevará la redacción, por parte de la administración autonómica competente, de un plan específico que propondrá las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración, así como su calendario de desarollo para el período de vigencia de la declaración de la zona de mercado residencial tensionado», expone la proposición de ley.
En lo que tiene que ver en la modificación del artículo 10 de la ley de arrendamientos urbanos, la proposición de ley plantea que en cuanto a la prórroga del contrato, si ninguna de las partes hubiese notificado a la otra de su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogaría obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años.
En plena negociación de la Ley de Vivienda
Precisamente, esta proposición de ley se verá en el Congreso de los Diputados en un momento en el que se sigue negociando en el seno del Gobierno de coalición algunos puntos de la Ley de Vivienda, como es el de la limitación del precio del alquiler.
Hace apenas unos días, la líder de Podemos, Ione Belarra, reprochó al PSOE que mantuviera «bloqueada» en el Congreso esta Ley de Vivienda. En este punto, se mostró consciente de que «no es perfecta», aunque urgió a su aprobación y que se regule de manera efectiva el precio de los alquileres en zonas de mercado tensionadas.
Estas palabras de Belarra surgieron después de las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien había alejado la posibilidad de establecer en la Ley de Vivienda un límite máximo de aumento del 3% de todos los alquileres en las llamadas «zonas tensionadas».