El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha puesto al mercado de la vivienda como ejemplo de los efectos negativos que tienen en el mercado las medidas intervencionistas.
Según detalla el ‘think tank’ de la CEOE en un estudio sobre la libertad económica y de empresa en España respecto a otros países desarrollados, «el mercado nunca alcanza un equilibrio perfecto, pero sí tiende continuamente hacia la búsqueda de fórmulas de producción más eficientes, de modo que su funcionamiento no debe verse alterado de forma sustancial y recurrente. Sin embargo, la pulsión intervencionista hace que los poderes públicos insistan en dirigir la actividad empresarial con uno u otro fin, lo que puede terminar deformando, alterando e incluso rompiendo los procesos propios de la economía de mercado. Pensemos, por ejemplo, en las regulaciones orientadas a controlar los precios del alquiler». Unos topes incluidos en la Ley de Vivienda que entró en vigor a finales de mayo y que afectarían a los inmuebles que se ubiquen en zonas de precios tensionados.
El instituto, presidido por Iñigo Fernández de Mesa, recuerda que limitar el encarecimiento de los arrendamientos «parece, a priori, una forma sencilla de solucionar el problema del acceso a la vivienda. Sin embargo, este tipo de intervención tiene efectos secundarios que resultan devastadores a largo plazo».
Entre ellos, según resume el documento, destaca el freno en el desarrollo de viviendas de obra nueva, «puesto que los operadores entienden que no van a poder gestionar sus activos de acuerdo con las condiciones de mercado, lo que genera un escenario de escasez de vivienda».
A ello se suma la posibilidad de que muchos propietarios opten por vender su vivienda en vez de alquilarla, «al entender que liquidar el activo resulta más rentable que mantenerlo en un mercado hiperregulado, lo que también contribuirá a exacerbar el problema de escasez».
Por otro lado, el IEE también afirma que «es de esperar que los propietarios que sigan alquilando su vivienda reduzcan sus niveles de inversión en labores rutinarias de conservación y mejora de los inmuebles, lo que resultará en pisos y casas peor conservadas, con menor eficiencia energética, con un diseño y un mobiliario desfasado, etc».
Suma y sigue, porque otro de los efectos que pueden tener los topes a las rentas, según el instituto, es que, «para sortear el tope, hay propietarios que sacarán su vivienda del mercado durante un tiempo y después procederán a alquilarla con un precio mucho mayor, orientado a amortiguar los límites que afectarán a la revisión anual del coste del arriendo».
Por último, el ‘think tank’ de la patronal alerta de que la intervención del precio «puede animar el desarrollo de la economía sumergida, puesto que algunos propietarios pueden acordar con sus inquilinos el desembolso de pagos no declarados orientados a compensar la limitación oficial del precio del alquiler».
Por todo ello, insiste el Instituto de Estudios Económicos, la intervención del mercado del alquiler genera nos incentivos perversos y unos desequilibrios económicos que, lejos de solucionar el problema del acceso a la vivienda, lo terminan agravando.
Más viviendas y seguridad jurídica
El estudio explica que para atajar el encarecimiento del precio del alquiler, que en junio batió récord en 25 capitales de provincia tras subir más de un 9% interanual, en un contexto de libertad económica, sería poner en marcha políticas encaminadas a fomentar la oferta de viviendas. Por ejemplo, a través de una «reforma de las reglas urbanísticas orientada a reducir las trabas que lastran la construcción de obra nueva».
También considera recomendable estudiar la mejora del marco fiscal y regulatorio aplicado al sector, así como reforzar la seguridad jurídica de los propietarios, algo que «resulta vital para generar confianza y evitar problemas como la okupación».
«No hay, por tanto, soluciones mágicas, pero sí hay medidas que pueden ayudar a contener, e incluso revertir, los aumentos de precio mediante la incentivación de un mercado más competitivo y menos intervenido», subraya el instituto. Y concluye que «mantener la máxima independencia y autonomía posible en la toma de decisiones económicas de los particulares es la mejor forma de asegurar que la producción responde a las expectativas de la sociedad».