El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler asequible de jóvenes y familias, tal y como anunció el pasado fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En concreto, el plan del Ejectivo tiene tres ejes: ofrecer a ayuntamientos y comunidades autónomas 21.000 viviendas de la sociedad que gestiona los activos de la banca rescatada, impulsar el alquiler social de 14.000 ya habitadas de ese parque y promover la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos que tiene en cartera.
En lo que respecta a la venta de 21.000 viviendas, el Gobierno explica que esta línea de actuación se enmarca dentro de los acuerdos con CCAA y ayuntamientos para la compraventa de inmuebles de Sareb para aumentar su parque público social, como por ejemplo los que ha cerrado recientemente con Comunidad Valenciana, Murcia y Galicia, o con el Ayuntamiento de Madrid. Además, ha adelantado que está negociando operaciones con la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Torrelavega y se trabaja actualmente con Cataluña en un nuevo acuerdo de venta.
No obstante, dentro de esas 21.000 viviendas susceptibles de ser vendidas a las diferentes Administraciones, unas 12.000 necesitan obras de mejora, por lo que solo 9.000 viviendas están en disposición de sumarse al mercado de forma inmediata.
Estas 21.000 viviendas, que están listas para ser habitadas o necesitan obras de adecuación, están repartidas por toda España, aunque las CCAA que cuentan con más unidades son Comunidad Valenciana y Cataluña, seguidas de Castilla y León, Murcia y Andalucía:
Por otro lado, este eje de actuación también se contemplan «convenios de cesión temporal de viviendas para uso social, tanto a Administraciones Públicas como a entidades sin ánimo de lucro, prestando especial atención a las zonas en riesgo de despoblación y a los colectivos vulnerables», tal y como añade el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
La segunda parte del plan está vinculada a las 14.000 viviendas que la sociedad tiene habitadas actualmente y que, potencialmente, pueden entrar dentro del programa anunciado por Sánchez y aprobado por el Consejo de Ministros.
En estos casos, Sareb firma un alquiler social con las personas que habitan en sus viviendas en situación de vulnerabilidad, siempre y cuando se comprometan a participar en un programa de acompañamiento socio-laboral con el objetivo de superar la situación de exclusión. De esas 14.000 viviendas habitadas, actualmente hay 9.000 con indicios de vulnerabilidad en estudio para firmar un alquiler social. De ellas, ya se han aprobado 2.000 alquileres sociales.
Desde el Ministerio que lidera Nadia Calviño añaden que «con esta línea se ofrecen contratos de alquiler social a familias teniendo en cuenta su nivel de renta y se les ayuda en la regularización de su situación, la búsqueda de empleo, el acceso a los servicios sociales y a las prestaciones a las que tienen derecho, incluyendo el Ingreso Mínimo Vital. Actualmente, Sareb está dando apoyo a más de 400 familias y tiene aprobados más de 2.000 contratos de alquiler social desde que inició la labor de identificación de las familias con vulnerabilidad que habitan en sus viviendas, el pasado mes de septiembre».
El tercer eje del plan es el desarrollo de 15.000 viviendas de alquler social y asequible en suelos que tiene Sareb en cartera. En concreto, la sociedad tiene 112 suelos identificados para construir 10.000 viviendas por fases, que están distribuidos por 13 comunidades autónomas.
Al igual que en el caso de las viviendas, los suelos tienen una distribución geográfica asimétrica y no siguen un criterio poblacional, sino de disponibilidad de los inmuebles que poseían las entidades financieras y pasaron a formar parte de Sareb, aunque destaca la zona mediterránea. Cataluña y Comunidad Valenciana son las dos regiones con más terrenos disponibles, seguidas de Castilla y León y Extremadura.
En este momento, el proyecto, bautizado como ‘Proyecto Viena’, está en fase de estudio con PwC y la idea pasa por construir viviendas de alquiler social y asequible con un modelo de colaboración público-privada, basado en la cesión de suelo urbanizable durante un plazo temporal concreto, pero del que todavía el Ejecutivo no ha dado detalles.
Por otro lado, Sareb cuenta con más suelo en el que se podrían construir otras 5.000 viviendas dentro del proyecto.
Economía también explica que, además de las operaciones de vivienda, «Sareb ofrecerá a las Administraciones Públicas la venta de suelos destinados a otros objetivos sociales como la construcción de hospitales, escuelas u otros espacios públicos». Unas operaciones que, según el Ministerio, contribuyen «al objetivo de cohesión territorial en el marco del Proyecto Reto Demográfico para implantar proyectos empresariales y de industrialización en la España Rural».
Lluvia de críticas al plan
Diferentes miembros del Gobierno han insistido en los últimos días en que una de las prioridades pasa por resolver el problema de la vivienda. Y han recordado que la iniciativa con las viviendas de Sareb se integra en las actuaciones previstas en el Plan Estatal de acceso a la vivienda 2022-2025, que tiene el objetivo de incrementar el parque público de vivienda en 100.000 unidades; y se suma a las medidas en marcha para facilitar el acceso a una vivienda digna, como el Bono de Alquiler Joven y las ayudas a la rehabilitación y eficiencia energética de edificios financiada con fondos europeos.
Unas medidas que, según ha defendido la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, permitirá alcanzar el objetivo de conseguir el 20% de vivienda pública en España en 20 años. La ministra ha admitido que España parte de un 3% de vivienda pública, una situación «dramática» que hace que el objetivo sea «ambicioso». Sánchez ha responsabilizado de ese punto de partida a las políticas de liberalización de suelo del Partido Popular, así como a la venta de vivienda pública a los fondos.
Pese a ello, el plan del Gobierno está despertando todo tipo de críticas tanto políticas como del sector inmobiliario. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), por ejemplo, asegura que las viviendas que Sareb tiene disponibles para el alquiler en zonas tensionadas no llega ni al 3% de las 50.000 aprobadas por el Gobierno y califica la medida como «humo», ya que la mayor parte de los inmuebles se encuentra en zonas sin demanda o bien consta de viviendas inacabadas, vandalizadas u okupadas.
Según el presidente de FAI, José María Alfaro, ni este plan ni la Ley de Vivienda solucionarán el problema del mercado del alquiler, que ha calificado como un «auténtico drama social». Y ha pedido «altura de miras» al Gobierno y al resto de fuerzas políticas para que «tengan cautela» a la hora de anunciar medidas en materia de vivienda, huyendo de electoralismos.
«Estamos hablando de un tema altamente sensible y preocupante que requiere de medidas quirúrgicas eficaces y consensuadas, que pasarían por poner sobre la mesa la necesidad de un Pacto de Estado de Vivienda», ha sentenciado Alfaro.
En el plano político, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu han aplaudido la iniciativa para movilizar 50.000 viviendas de la Sareb, pero también consideran que les parece «electoralista» que se anuncie justo en la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo y después de que el PSOE se haya negado a apoyar la medida hasta ahora.